Las comisiones económicas conjuntas del Senado de la República y la Cámara de Representantes dieron luz verde en su primer debate al proyecto de ley que define el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio comprendido entre 2027 y 2028. La iniciativa fiscal quedó fijada por un monto total de COP$27,54 billones.
Esta propuesta legislativa, impulsada por la administración del presidente Abelardo De la Espriella, tiene como propósito fundamental trazar la hoja de ruta para la financiación de proyectos de inversión en los diferentes departamentos y municipios de la geografía nacional durante el próximo bienio.
Sin embargo, la cifra aprobada evidencia una reducción del 11% si se compara de manera directa con los COP$30,96 billones que se habían presupuestado para el periodo fiscal anterior entre 2025 y 2026. Esta contracción económica obedece principalmente a las proyecciones más conservadoras sobre los ingresos futuros que percibirá el Sistema General de Regalías.
Destino de los recursos y asignaciones sectoriales
Del gran total avalado en las comisiones conjuntas, la gran mayoría de los dineros se orientará de forma directa a la ejecución de obras. Un total de COP$25,93 billones, lo que representa el 94,2% de los recursos, se destinará exclusivamente a financiar iniciativas de inversión en las regiones.
Adicionalmente, el texto aprobado contempla apartados específicos para otros rubros fundamentales del sistema: COP$964.000 millones irán a fortalecer los mecanismos de ahorro nacional, mientras que COP$643.000 millones se reservarán para cubrir los gastos operativos de administración, seguimiento, evaluación y control de los proyectos.
Al desglosar las partidas principales de inversión, se destacan COP$7,28 billones asignados para la inversión de carácter regional, COP$5,77 billones enfocados en la construcción de paz, COP$5,37 billones correspondientes a las asignaciones directas para las zonas productoras, y COP$3,21 billones orientados hacia la inversión local.
Asimismo, el presupuesto contempla una partida de COP$2,14 billones destinada de manera exclusiva a fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, además de recursos económicos reservados para incentivar la producción local y respaldar proyectos de carácter ambiental.
Distribución geográfica y prioridades territoriales
En el ámbito estrictamente territorial, el proyecto prevé repartir COP$16,25 billones distribuidos entre seis regiones geográficas del país. La región Caribe se perfila como la zona que recibirá la mayor partida económica, alcanzando los COP$5,18 billones.
Por su parte, al territorio de los Llanos se le asignarán COP$3,72 billones; a la zona Centro-Oriente le corresponderán COP$2,35 billones; la región del Pacífico percibirá COP$1,92 billones; el Eje Cafetero obtendrá COP$1,60 billones, y finalmente la región Centro-Sur-Amazonía contará con un presupuesto de COP$1,48 billones.
De acuerdo con explicaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, el objetivo central de esta planeación financiera es focalizar los esfuerzos en iniciativas de alto impacto social y económico que ayuden a Elevar la productividad regional y reducir las históricas brechas de desigualdad.
La iniciativa también busca consolidar la descentralización administrativa, blindar la autonomía de los entes territoriales y propiciar una mayor sincronización entre distintas fuentes de financiación para optimizar el rendimiento del gasto público.
De igual forma, se contemplan partidas especiales orientadas a la recuperación de aquellas zonas cobijadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que sufrieron afectaciones a raíz del terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026. Estas intervenciones priorizarán obras de infraestructura vial, optimización de servicios públicos, construcción de vivienda y mejoramiento de instalaciones comunitarias bajo estrictos protocolos de gestión del riesgo.
Discusión legislativa, control y fiscalización
Durante la discusión de la iniciativa en el Congreso de la República, diversos sectores políticos manifestaron reparos y cuestionamientos en torno al manejo histórico de las regalías y los potenciales riesgos de corrupción que suelen rodear la contratación pública en las regiones.
Ante este panorama, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, planteó la necesidad de incluir un articulado especial con el fin de endurecer los mecanismos de control en el uso de estos dineros públicos.
En respuesta a dicha propuesta, el coordinador ponente del proyecto, Álvaro Monedero, recordó a los congresistas que ya existe un pronunciamiento formal por parte del Consejo de Estado, el cual determina de manera clara que la contratación de cualquier obra o iniciativa financiada con recursos de regalías debe someterse estrictamente a los lineamientos estipulados en la Ley 80.
El texto base del proyecto constaba inicialmente de 29 artículos. Durante el trámite en primer debate, diez de ellos se aprobaron en bloque, al tiempo que se evaluaron un total de 76 proposiciones y se analizaron 59 propuestas orientadas a crear nuevos artículos que inicialmente no contaban con el aval oficial del Gobierno nacional.
Siguientes pasos en el Congreso
Tras superar con éxito su primer examen en las comisiones económicas conjuntas, el proyecto de ley deberá continuar con su riguroso trámite reglamentario en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.
En dichas instancias definitivas, la iniciativa gubernamental tendrá que sortear dos debates adicionales antes de lograr su sanción presidencial definitiva y convertirse formalmente en la ley que regirá el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.
