El impacto fiscal del incremento al IEPS en bebidas saborizadas
La reciente modificación en las políticas fiscales de México ha puesto bajo la lupa el gravamen aplicado a las bebidas azucaradas y saborizadas. A pesar de que la administración federal incrementó significativamente las tasas impositivas para estos productos con el propósito de fortalecer las finanzas públicas, las proyecciones presupuestarias revelan un escenario particular: la recaudación por estas bebidas podría experimentar una contracción en términos reales para el periodo de 2027 en comparación con el ejercicio fiscal previo.
El ajuste principal recae sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual elevó su cuota por litro para las bebidas saborizadas, incorporando además un cobro específico para aquellos artículos formulados con edulcorantes no calóricos. Bajo una perspectiva puramente aritmética, la expectativa inicial sugeriría un incremento sustancial en los ingresos tributarios provenientes de este sector industrial.
Proyecciones financieras y el factor inflacionario
Al analizar la Ley de Ingresos proyectada, el Gobierno federal contempla captar un total de 76,920.5 millones de pesos a través de las bebidas saborizadas, superando nominalmente los 75,290 millones de pesos estimados para el ciclo anterior. Sin embargo, la aparente alza se desvanece al integrar las proyecciones macroeconómicas generales.
Especialistas en materia presupuestaria señalan que, al incorporar una inflación estimada del 3%, el crecimiento de los ingresos gubernamentales se queda por debajo del costo de vida. Según explicó Jonathan Hernández Reséndiz, investigador de Ingresos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en declaraciones retomadas por El Economista, “Una vez que se descuenta la parte del crecimiento de la inflación se ve realmente cómo se comporta el indicador, en este caso el de la recaudación”. Esto se traduce en una recaudación 1% menor en términos reales, evidenciando que el incremento nominal no alcanza para contrarrestar los efectos inflacionarios.
Modificación en los hábitos de consumo de la población
Una de las hipótesis principales que manejan los analistas económicos apunta directamente hacia un cambio en los patrones de compra de la ciudadanía. Ante el encarecimiento de los productos derivados de la nueva carga tributaria, es probable que los consumidores hayan optado por disminuir la adquisición de refrescos y bebidas similares.
Esta tendencia coincidiría con la naturaleza de los gravámenes correctivos o saludables, cuyo propósito fundamental no es meramente recaudatorio, sino desalentar la ingesta frecuente de artículos asociados con daños a la salud pública. Al respecto, el CIEP indicó que “Estos resultados observados en la recaudación se ven influenciados por un cambio en el comportamiento del consumo nacional. Esto debido a la aplicación del aumento de los impuestos, con lo que se estaría cumpliendo el objetivo extrafiscal”.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha confirmado de manera oficial que la contracción proyectada responda específicamente a una caída en la demanda ciudadana, por lo que este fenómeno permanece en el terreno del análisis técnico y las proyecciones macroeconómicas.
Ajustes técnicos y comparativa con otros sectores
Otra de las lecturas planteadas por los expertos sugiere que la menor expectativa de ingresos podría tratarse simplemente de una corrección técnica por parte de las autoridades fiscales. Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del CIEP, apuntó que las metas fijadas para el ciclo previo pudieron haber sobrestimado el potencial de recaudación, obligando a la dependencia a calibrar sus estimaciones hacia cifras más prudentes y realistas para el próximo año.
Este comportamiento contrasta con el panorama previsto para otros comestibles señalados por su alto contenido calórico, tales como las frituras y alimentos procesados similares. Para este segmento, el Ejecutivo federal mantiene la expectativa de registrar un incremento sostenido, calculando pasar de 42,856.1 millones de pesos a 45,350.4 millones de pesos, lo que demuestra que el impacto de la política fiscal varía notablemente dependiendo del sector alimentario analizado.
