A año y medio de la tragedia en el festival Axe Ceremonia, estas son las personas y empresas investigadas
Trascurridos dieciocho meses desde el trágico incidente que cobró la vida del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas y de Berenice Giles Rivera, el proceso judicial en torno al festival Axe Ceremonia continúa su marcha. Los hechos ocurrieron en el Parque Bicentenario, donde una valla metálica colapsó y cayó directamente sobre las víctimas durante el desarrollo del evento musical.
Como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el expediente actual contempla la imputación formal contra siete personas físicas, cinco corporativos empresariales y una serie de medidas cautelares diseñadas para asegurar el desarrollo de las pesquisas sin que los señalados puedan eludir la acción de la justicia.
Avanzan las imputaciones contra los responsables operativos de Protección Civil
Recientemente, las autoridades ministeriales confirmaron la vinculación a proceso de una pieza clave en la logística interna del evento. Se trata de María del Pilar ‘N’, quien se desempeñaba como responsable de Protección Civil del festival de música masiva, y sobre quien recae la acusación formal por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio negligente en agravio del fotoperiodista.
El aparato de impartición de justicia determinó aplicar restricciones específicas para esta imputada. Al respecto, la dependencia de procuración de justicia detalló: “A María del Pilar “N” se le ha impuesto la medida cautelar de presentación periódica bimensual y la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas, mientras que se ha establecido una garantía económica de 500 mil pesos para cada empresa”.
Durante la misma diligencia judicial, la representación social amplió las acusaciones formales contra otras siete personas identificadas en los registros ministeriales como Eduardo ‘N’, Marcos Francisco ‘N’, Martín ‘N’, María ‘N’, Nathalie ‘N’, Rodrigo Napoleón ‘N’ y Pedro ‘N’. A todos ellos se les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante los juzgados competentes, además de mantener una estricta restricción para evitar cualquier tipo de contacto o proximidad con los familiares directos de los fallecidos.
Sanciones económicas y situación legal de las empresas involucradas
El entramado corporativo vinculado con la organización, contratación de servicios y montaje de los escenarios también enfrenta responsabilidades penales. Entre las corporaciones señaladas figuran Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. (Lobo), las cuales fueron imputadas formalmente bajo cargos de homicidio por su presunta negligencia en la seguridad del inmueble.
La vinculación de estas dos entidades se consolidó formalmente en enero de 2026. No obstante, las indagatorias se ampliaron hacia finales del mes de octubre de 2025 para incorporar a tres empresas adicionales cuyas identidades específicas se han mantenido bajo reserva, pero cuya participación comercial está estrechamente relacionada con la planeación general del festival y con la instalación de la estructura que funcionaba como punto de encuentro y terminó desplomándose.
Las autoridades capitalinas mantienen abierta la carpeta de investigación para deslindar por completo las responsabilidades administrativas y penales, mientras los familiares de los afectados exigen justicia y garantías de que este tipo de accidentes no se repitan en los eventos masivos que se organizan en las diferentes alcaldías de la capital del país.
