Desde la implementación de la normativa sobre protección animal en el territorio español, quedó estrictamente prohibido emplear a perros y gatos como ganchos comerciales o publicitarios en espacios públicos. El propósito fundamental de esta disposición es anteponer la integridad y dignidad de los seres sintéticos frente a cualquier interés económico o mercantil.
Protección legal y excepciones contempladas
Las restricciones específicas relativas a esta práctica se encuentran estipuladas en el artículo 25 de la legislación vigente. No obstante, la normativa contempla una salvedad humanitaria muy concreta: las personas sin hogar, quienes conservan plenamente el derecho a transitar por la vía pública en compañía de sus animales de compañía sin ser cuestionadas por esta circunstancia.
De acuerdo con la ley 7/2023, el objetivo principal «no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad«.
Si bien la legislación permite la participación de ejemplares en producciones artísticas, turísticas o de índole cultural, esto solo se tolera siempre que no se les provoque ningún tipo de angustia o sufrimiento. Sin embargo, la prohibición se vuelve absoluta en escenarios como los animales son usados en atracciones mecánicas dentro de ferias recreativas, así como la presencia de los ejemplares de fauna silvestre en los circos, sin importar si los especímenes aparentan tranquilidad.
Graves penalizaciones para los infractores
Para garantizar el cumplimiento de estas directrices, el marco legal establece un régimen punitivo severo. Las infracciones más leves conllevan penalizaciones económicas que alcanzan los 10,000 euros, mientras que las más graves pueden hacerse acreedoras de sanciones de hasta 200,000 euros (una cifra que supera los 4 millones de pesos mexicanos, dependiendo también de la gravedad y de la región donde se cometa la falta).
Frente a escenarios de extrema gravedad, las autoridades competentes cuentan con la atribución legal de confiscar al animal afectado, ordenar la clausura definitiva del establecimiento comercial responsable o incluso inhabilitar al infractor para desempeñar actividades laborales relacionadas con animales durante un periodo determinado.
Nuevos derechos de movilidad y acceso
Adicionalmente, el cuerpo normativo incluye apartados enfocados en la integración urbana de las mascotas. El artículo 29 estipula que los recintos públicos y las redes de transporte, tanto estatales como privadas, tienen la obligación de facilitar el acceso a las mascotas, siempre que estas no representen un peligro para la ciudadanía u otros animales, supeditando siempre esta apertura a las normativas higiénicas y de seguridad vigentes.
