Concluye paro en el INE tras aceptar empleados un incremento salarial del 6 por ciento

Concluye paro en el INE tras aceptar empleados un incremento salarial del 6 por ciento

Tras una jornada de intensas movilizaciones que incluyeron protestas callejeras y el cierre temporal de vialidades importantes, los empleados de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral llegaron a un acuerdo definitivo con la directiva del organismo autónomo para de manera oficial aceptar el aumento salarial del 6 por ciento propuesto inicialmente por la superioridad.

El entendimiento se logró al término de una mesa de diálogo que se prolongó por cuatro horas. La resolución contempla una condición fundamental: a partir de enero del siguiente año, una vez que las autoridades electorales ajusten los gastos institucionales frente al recorte presupuestal dictaminado en la Cámara de Diputados, se abrirá una nueva mesa de análisis para evaluar la viabilidad de otorgar recursos adicionales.

Reanudación de servicios y postura oficial de la presidencia provisional

La consejera presidenta provisional de la institución, Blanca Cruz, ofreció una conferencia de prensa posterior a las negociaciones para detallar los puntos acordados y confirmar la normalización de las actividades en todo el territorio nacional a partir del martes 10 de noviembre, asegurando que la ciudadanía podrá acudir a realizar sus trámites con total normalidad.

Respecto al ajuste económico, la funcionaria explicó la postura de la administración mediante la siguiente declaración: “En el tema del porcentaje, la base acordada es ese 6 por ciento que nosotros anunciamos, ¿por qué? Porque ya habíamos detectado que de nuestras propias economías o de esta redistribución que pudiéramos hacer, podíamos ofrecer ese porcentaje, sin que eso dependa de la subsecuente aprobación. Entonces esa es la base. Por eso acordamos que a partir de ahí empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ir ofreciendo un porcentaje adicional”.

Asimismo, detalló los motivos por los cuales el incremento extra no se aplicará de inmediato: “Esto sería a partir de enero del 27. ¿Por qué no en este trimestre? Porque ya no nos sería posible administrativamente, no tendremos suficiencia para atender ahorita, por ejemplo, de inmediato en diciembre, porque el cierre de ejercicio conlleva otro tipo de procedimientos administrativos, así también se les explicó y están conformes con esta situación”.

Impacto nacional de la suspensión de labores en los centros de trámite

Por su parte, la consejera Carla Humphrey ofreció un balance detallado sobre el alcance que tuvo la protesta en el país. De un total de 841 módulos que conforman la red nacional del organismo, 544 oficinas suspendieron totalmente sus actividades, lo que equivale al 64.7 por ciento del parque operativo. En contraste, únicamente 297 sedes, es decir, el 35.3 por ciento, mantuvieron sus puertas abiertas a la ciudadanía.

El mapa de afectaciones mostró disparidades regionales significativas. Las demarcaciones territoriales con mayor repercusión fueron Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala, donde la suspensión de labores alcanzó el 100 por ciento. En el extremo opuesto, entidades como Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro conservaron una mayor proporción de centros funcionando con regularidad, mientras que Yucatán destacó por ser el único territorio sin ninguna afectación en su servicio.

Nuevos compromisos laborales y condiciones de trabajo

Además del aspecto estrictamente económico, la representación del instituto y la base trabajadora fijaron acuerdos complementarios orientados a mejorar las condiciones operativas del personal encargado de la tramitación de credenciales para votar.

Entre los puntos finiquitados figuran el compromiso de destinar recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Módulos de Atención Ciudadana, la garantía irrestricta del descanso de 30 minutos destinado a la alimentación del personal y el compromiso de analizar la estructuración de una semana laboral comprendida de lunes a viernes, una de las demandas recurrentes planteadas por los inconformes durante las protestas.

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