Red de empresas fantasma defraudó por más de 8 mil millones al instituto electoral durante una década
Una elaborada red de operaciones comerciales fraudulentas logró burlar durante más de diez años los mecanismos de supervisión en los procesos de compras públicas del Instituto Nacional Electoral, generando un perjuicio al erario que asciende a los 8 mil 870 millones de pesos. La dimensión de esta anomalía financiera fue dada a conocer por Aureliano Hernández, máximo responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien detalló los hallazgos correspondientes a las revisiones de la Cuenta Pública.
Por su parte, el Órgano Interno de Control del propio organismo electoral también identificó indicios sobre este particular modus operandi, según confirmó su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras. Sin embargo, las dimensiones reales del quebranto salieron a la luz pública en el contexto de señalamientos previos sobre probables conflictos de interés vinculados a mandos directivos dentro de la institución encargada de organizar los comicios federales.
Simulación de competencia y subcontratación interna
De acuerdo con la información aportada por la ASF durante la presentación oficial del Segundo Paquete de Informes ante el Poder Legislativo, el esquema fraudulento operaba mediante la participación concertada de al menos cinco compañías distintas en los concursos públicos. Estas entidades jurídicas, aunque se presentaban como rivales comerciales independientes en los procedimientos de licitación, respondían en realidad a una misma administración centralizada.
La estrategia consistía en repartirse los convenios institucionales y, una vez adjudicados formalmente a una de las partes, se procedía a un mecanismo de triangulación. Al respecto, Aureliano Hernández explicó ante los diputados: “La empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados”.
Asimismo, los auditores constataron que las corporaciones seleccionadas como vencedoras carecían de los elementos materiales, técnicos y operativos indispensables para cumplir con las obligaciones contraídas. Muchas de estas compañías operaban con plantillas laborales sumamente reducidas o inexistentes, lo que evidenció su naturaleza instrumental.
Sobre este punto, el titular del órgano fiscalizador precisó: “Detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno”. Estas prácticas se replicaron tanto en las oficinas centrales del instituto como en diversos Organismos Públicos Locales.
Implicación de servidores públicos y omisiones institucionales
Los expertos coinciden en que un desfalco de tal magnitud y temporalidad habría sido inviable sin la tolerancia, omisión o complicidad activa de personal con atribuciones de decisión dentro del aparato gubernamental y electoral. Las indagatorias apuntan hacia una red de colusión tejida entre los operadores de las empresas factureras y funcionarios públicos encargados de vigilar la legalidad de las adquisiciones.
“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, reconoció el titular de la ASF, subrayando que el daño patrimonial se consumó a través de la asignación irregular de recursos públicos.
En tanto, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, representante del Órgano Interno de Control, informó sobre el inicio de procedimientos administrativos sancionadores orientados a investigar faltas graves presuntamente cometidas por al menos cinco personas físicas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva conforme a los protocolos legales.
Aunque las primeras alertas formales sobre anomalías específicas se documentaron hacia mediados de mayo de 2025, el historial de contratos otorgados bajo este esquema de falsa competencia entre 2014 y 2025 acumula adjudicaciones directas y por concurso que superan los 2 mil 461 millones de pesos, evidenciando fallas sistémicas en los controles internos de fiscalización durante administraciones pasadas y recientes.
