Una ruptura política inevitable en Chihuahua
La relación institucional y de compañerismo político que durante más de 15 años mantuvieron la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ex fiscal general del estado, César Jáuregui Robles, llegó a un punto de quiebre definitivo. La detención del exfuncionario estatal, ocurrida el pasado 17 de octubre, dejó al descubierto una profunda fractura provocada por las decisiones tomadas en torno a un operativo de seguridad de alto nivel en el que participaron agentes extranjeros.
El conflicto estalló públicamente a raíz de las acciones llevadas a cabo en un presunto narcolaboratorio ubicado en la comunidad de El Pinal, dentro del municipio serrano de Morelos. De acuerdo con las declaraciones de la mandataria estatal, las autoridades de la Fiscalía General del Estado operaron al margen de la estructura oficial y omitieron notificarle sobre la intervención del personal de inteligencia estadounidense.
Durante una entrevista concedida al medio Latinus el pasado 14 de octubre, la jefa del Ejecutivo estatal fue categórica al señalar la gravedad de las acciones emprendidas por su excolaborador más cercano dentro de la administración pública local.
“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, declaró la gobernadora ante los cuestionamientos sobre el manejo de la corporación.
Campos argumentó que este suceso puso en evidencia fallas críticas en los filtros de supervisión interna de la institución procuradora de justicia, lo que motivó una reestructuración profunda en el gabinete. Asimismo, lamentó que la pérdida de comunicación institucional haya alcanzado un nivel inaceptable para el ejercicio de la gobernanza en la entidad.
“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando”, expresó la titular del poder ejecutivo local al referirse a la actuación unilateral de la fiscalía bajo el mando de Jáuregui.
Procesos judiciales abiertos a nivel estatal y federal
Las consecuencias legales para el ex fiscal de Chihuahua escalaron rápidamente tras su captura. Autoridades ministeriales del fuero común cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en delitos vinculados al ejercicio ilícito de facultades, así como por la sustracción o destrucción de documentos oficiales bajo su resguardo institucional.
Paralelamente, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, confirmó que la instancia federal emitió otro mandamiento judicial en contra del exfuncionario bajo la acusación de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Las indagatorias apuntan a que al menos dos agentes estadounidenses ingresaron en repetidas ocasiones a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin el protocolo diplomático correspondiente.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la gobernadora prefirió deslindarse de las decisiones partidistas respecto al futuro político de Jáuregui, señalando que corresponde de manera exclusiva al Partido Acción Nacional (PAN) determinar si mantiene sus aspiraciones para buscar una candidatura a puestos de elección popular.
“No sabría decir cuántas carpetas hay. Yo solamente sé que existe una relacionada con lo ocurrido en El Pinal, Morelos, por el narcolaboratorio del pasado 16, 18 de abril, y que está en manos tanto de la FGE como de la FGR”, puntualizó la mandataria chihuahuense.
Una alianza de más de una década fracturada por la seguridad
El distanciamiento entre ambos personajes políticos resulta significativo debido a la larga historia de colaboración partidista que compartieron dentro del panismo local. Durante años, la trayectoria de ambos caminó en paralelo ocupando posiciones clave tanto en el Poder Legislativo como en los gobiernos municipales y estatales.
En el Congreso de Chihuahua, Jáuregui fungió como coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, mientras que Campos ocupó la vicecoordinación de la misma bancada. Posteriormente, el ex fiscal coordinó las campañas electorales que llevaron a la actual gobernadora a la alcaldía de la capital del estado en 2016 y, más tarde, a la gubernatura en 2021.
Ya en la actual administración, el abogado ocupó la Secretaría General de Gobierno antes de ser designado al frente de la Fiscalía General del Estado, cargo al que debió renunciar en medio de la tormenta política generada por la incursión de los agentes extranjeros en territorio serrano.
La defensa del exfiscal ante las acusaciones
Horas antes de ser privado de la libertad por las fuerzas de seguridad, César Jáuregui difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que defendió los resultados del operativo implementado en la Sierra Tarahumara y rechazó tajantemente haber incurrido en conductas delictivas durante su gestión al frente de la fiscalía.
“Los hechos ocurridos en El Pinal marcaron una diferencia y dejaron perfectamente claro que en Chihuahua se combate al narco. En su momento asumí la responsabilidad total y por eso presenté mi renuncia. Si hoy tuviera que tomar nuevamente la decisión de desarticular el narcolaboratorio de Morelos, estoy absolutamente seguro de que lo volvería hacer”, aseveró en su videograbación.
El exfuncionario insistió en que su actuación estuvo motivada por la urgencia de frenar las operaciones de las estructuras criminales en la región y manifestó su disposición para enfrentar los tribunales y solventar cualquier requerimiento de la justicia federal o estatal.
“Lo verdaderamente imperdonable hubiera sido ser omiso y tibio en el combate al crimen organizado. Si hoy por esos hechos, de los cuales tengo perfectamente claro no existe delito alguno de mi parte, la Federación o el Estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo”, concluyó.
Con este escenario de acusaciones federales y el rompimiento definitivo con su círculo político más cercano, el proceso legal contra el ex fiscal de Chihuahua se perfila como uno de los casos políticos y de seguridad nacional más complejos de los últimos años en la entidad fronteriza.
