Esto es lo que Fitch Ratings vigilará de cerca durante los primeros meses del mandato de Abelardo De la Espriella
El arranque de la administración encabezada por Abelardo De la Espriella constituirá un examen definitivo para comprobar la viabilidad de sus promesas fiscales y económicas. Para la agencia internacional Fitch Ratings, los aspectos centrales que marcarán el pulso inicial incluirán la posible radicación de una nueva reforma tributaria, los recortes presupuestarios en el gasto público y los mecanismos de financiamiento para atender la emergencia generada por el reciente movimiento telúrico.
En una entrevista concedida a este medio, Richard Francis, codirector del Grupo de Calificación de Deuda Soberana para América Latina en Fitch Ratings, subrayó que la entidad evaluará con atención las primeras medidas de la nueva administración para determinar si se traducen en una hoja de ruta sólida.
“Queremos ver realmente el plan de gobierno”, indicó Francis, al puntualizar que el presupuesto nacional será el primer indicador clave para dilucidar las intenciones financieras del Ejecutivo.
El reto del ajuste presupuestario
Desde la perspectiva de la agencia, el equipo gubernamental ha manifestado su intención de enfocar la consolidación fiscal principalmente a través de la contracción o redistribución del gasto. No obstante, una de las mayores dudas radica en la viabilidad de lograr un equilibrio financiero de gran escala utilizando exclusivamente esta alternativa.
“¿Cómo pueden llegar a un ajuste, un ajuste grande solamente del lado del gasto? ¿Dónde y cómo?”, cuestionó el representante de la calificadora, señalando que este desafío requerirá un seguimiento constante durante el arranque del periodo presidencial.
Presión fiscal tras el sismo
A los retos económicos habituales se adhiere la compleja tarea de reconstrucción posterior al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó diversas zonas del territorio nacional. La calificadora busca esclarecer el dimensionamiento monetario de esta crisis y las fuentes de capital destinadas a su solución.
“¿Cuál es el monto? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a financiar este dinero que es claro que es necesario?”, planteó Francis al referirse a la magnitud de los recursos requeridos.
Dicho fenómeno natural introduce vulnerabilidades adicionales en las finanzas estatales. Aunque se proyecta inicialmente que el déficit fiscal nacional cierre el año alrededor del 7%, el analista admitió la existencia de amenazas latentes de que esta cifra resulte superior. A pesar de ello, la institución decidió mantener su previsión actual a la espera de conocer las medidas de reasignación presupuestaria que implemente el Gobierno, las cuales podrían desviar fondos originalmente asignados a otros sectores hacia las labores de asistencia y recuperación.
Autonomía monetaria y reservas
En el terreno de la política monetaria, Fitch enfatizó la relevancia de preservar la autonomía del Banco de la República respaldada por un programa financiero previsible y consistente. Las proyecciones de inflación continuarán bajo la lupa, dado que los indicadores actuales superan ampliamente la meta del 4%.
Respecto a la estrategia de acumulación de activos extranjeros, la agencia consideró prudente fortificar la posición financiera del país para amortiguar choques externos. Según Francis, la actual fortaleza cambiaria del peso facilita una coyuntura propicia para adquirir moneda extranjera: “Me parece que es importante tener un colchón de reservas internacionales suficientes para afrontar cualquier choque”, añadiendo que “es algo bueno. Es un buen momento teniendo el peso tan fuerte. Probablemente es una oportunidad atractiva para comprar dólares”.
Obstáculos legislativos y sector energético
En el ámbito político, el principal riesgo identificado recae en la eventual resistencia parlamentaria para aprobar las iniciativas del Ejecutivo, debido a la ausencia de una bancada mayoritaria en el Congreso. “Hay que ver cómo va a lograr pasar reformas en el Congreso cuando no tiene un partido con mucha representación en el Congreso”, advirtió el analista, aunque calificó el escenario como un reto gestionable condicionado por el respaldo ciudadano.
Por otro lado, en relación con la industria hidrocarburífera y Ecopetrol, la agencia recalcó la necesidad de incentivar la exploración para elevar la oferta de crudo, un proceso que demandará un horizonte temporal de al menos dos o tres años. En cuanto a una posible enajenación adicional de títulos estatales en la compañía petrolera, la postura de la calificadora se mantiene neutral, valorando tanto su utilidad como inyección rápida de liquidez frente a la apretada situación fiscal, como la conveniencia de optimizar la rentabilidad de la empresa antes de concretar cualquier transacción sobre el 20% de las acciones sujetas a privatización.


