Organizaciones ciudadanas y defensoras del medio ambiente denunciaron públicamente la inacción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) frente a la autorización del megaproyecto inmobiliario Valle Colorado, que pretende remover más de 140 hectáreas de vegetación forestal en el área conocida como Cerro del Caballo o Mesa de los Caballos, al poniente de la ciudad de Chihuahua.
Según los denunciantes, el predio afectado cuenta con vocación forestal reconocida oficialmente, así como con decretos federales de protección vigentes desde 1936, y está clasificado por el propio municipio como zona de conservación. Además, estudios técnicos identifican en la zona vegetación nativa, especies protegidas y funciones ecológicas esenciales, como la recarga de acuíferos, la infiltración de agua y la captura de carbono.
A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó recientemente el cambio de uso de suelo forestal, con base en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que ha sido cuestionada por omisiones graves, como la negación de cauces naturales y la falta de reconocimiento del marco legal aplicable.
Frente a esta situación, activistas acusan a la PROFEPA de omitir su deber de vigilancia e inspección, y de no haber intervenido ante una situación que consideran un posible delito ambiental, en tanto se estarían violentando diversas leyes federales como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues la zona sufrió un incendio forestal hace un año y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
“PROFEPA no puede permanecer pasiva mientras se consolida un ecocidio con respaldo institucional”, advirtieron los colectivos. También señalaron que en 2024 más del 97% de los participantes en una consulta pública organizada por la sociedad civil se pronunciaron por proteger el Cerro del Caballo como área natural.
Las y los denunciantes exigieron una inspección inmediata, el inicio de procedimientos administrativos y penales contra quienes resulten responsables, y la revocación de permisos otorgados sobre bases ilegales o técnicas deficientes.
“El silencio institucional de PROFEPA ante la destrucción de uno de los últimos relictos de ecosistema nativo en la ciudad es una traición a su mandato”, concluyeron.
