Nuevos cuestionamientos en torno a los traslados y contratos en Quintana Roo
A pesar de que la controversia por el uso de aeronaves privadas por parte de la gobernadora de Quintana Roo parecía haber disminuido, el asunto sigue generando interrogantes en el ámbito político. Aunque la mandataria estatal admitió haber empleado aviones particulares para sus desplazamientos, rechazando que estos se cubrieran con fondos públicos, las explicaciones oficiales siguen dejando más dudas que certezas.
El centro de la discusión radica en que al menos 43 vuelos internacionales se llevaron a cabo utilizando dos aeronaves operadas por la empresa PABE-TAX. Dicha compañía mantiene vínculos corporativos con el entorno de Seguritech, uno de los proveedores más importantes de servicios de seguridad para la administración estatal quintanarroense.
Vínculos políticos y sombras en contratos estatales
Este escenario pone sobre la mesa un evidente conflicto de interés que ha encendido las alertas en diversos sectores. Los antecedentes de Seguritech ya habían estado bajo la lupa debido a investigaciones periodísticas previas sobre sus cuantiosos convenios con administraciones estatales en distintas regiones del país.
Un antecedente relevante es el caso de la propiedad conocida como la “Casa Azul”, situada en el área residencial de Woodlands, en Houston. Dicho inmueble fue habitado por el exgobernador Diego Sinhué y pertenecía a una sociedad vinculada con Daniel Esquenazi, un personaje con lazos económicos estrechos con la propia Seguritech.
A esta compleja red de relaciones se suma la aparición de nuevos nombres en la escena pública, entre ellos el de Rodrigo Ímaz Alarcón, con quien Esquenazi ha presumido mantener cercanía en círculos privados. Aunque Ímaz ha mantenido un perfil reservado respecto a la actividad política, su figura comienza a mencionarse como parte de una nueva generación interesada en influir en espacios de poder o aprovechar vínculos familiares.
Indagan a Xepelin por presunta captación irregular de recursos
En otro frente del sector financiero, la Procuraduría Fiscal de la Federación mantiene bajo revisión a Operadora Falcón, SAPI de CV, operada bajo la marca Xepelin. La indagatoria surge a raíz de una denuncia formal interpuesta en agosto de 2026, la cual señala a la entidad por una supuesta captación no autorizada de recursos a través de su producto Xepelin Suite.
De acuerdo con la información contenida en el expediente turnado al órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la herramienta ofrecía una bonificación del 4% sobre los capitales ingresados por los usuarios. Los fondos habrían transitado inicialmente por el intermediario STP antes de ser recibidos por la plataforma.
Corresponderá a las autoridades fiscales esclarecer si estas prácticas se apegan a la normatividad financiera vigente o si configuran alguna infracción a la ley. Todo esto ocurre mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) evalúa la solicitud de la empresa para constituirse como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
Al respecto, el director ejecutivo de la compañía, Sebastián Kreis, declaró en fechas recientes que dicho proceso administrativo se encontraba en “la última fase regulatoria”.
Desafíos en la supervisión del ecosistema financiero actual
La situación por la que atraviesa Xepelin vuelve a poner bajo el microscopio los procedimientos de control y vigilancia que ejercen las instancias reguladoras sobre las empresas tecnológicas del sector financiero. Diversas controversias recientes han intensificado el debate sobre la eficacia de los mecanismos institucionales para prevenir anomalías de manera oportuna.
Ante este panorama, especialistas y observadores se cuestionan si los filtros actuales son suficientes para detectar irregularidades a tiempo, especialmente cuando una entidad financiera enfrenta cuestionamientos legales y regulatorios de esta magnitud mientras busca consolidar su estatus legal ante las autoridades financieras del país.
