Trabajadores de módulos del INE amenazan con un paro nacional ante salarios insuficientes

Una nueva crisis institucional se asoma para el Instituto Nacional Electoral debido a un conflicto laboral que podría paralizar la tramitación de identificaciones oficiales en todo el país. Personal operativo de los centros de atención ciudadana ha advertido que suspenderá sus actividades si las autoridades del organismo no atienden sus demandas económicas y laborales de manera inmediata.

De acuerdo con la información dada a conocer por Edgar Fernández, representante del sector inconforme, la protesta nacional está programada para llevarse a cabo el lunes 9 de noviembre, a menos que se logre instalar una mesa de negociación efectiva con el Consejo General del instituto antes de esa fecha.

Demandas salariales y antecedentes de diálogo

El núcleo del conflicto recae en las percepciones económicas del personal, las cuales fueron calificadas por los propios empleados como insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Según lo detallado en una entrevista radiofónica, los trabajadores perciben un ingreso quincenal de apenas 4 mil 800 pesos, una cifra que, denuncian, se encuentra por debajo de los parámetros del salario mínimo nacional.

Las gestiones para obtener una mejora económica iniciaron formalmente en diciembre de 2025, cuando mantuvieron un primer acercamiento con la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien le plantearon la necesidad urgente de aplicar un incremento del 25 por ciento a sus percepciones salariales.

Sin embargo, la respuesta favorable no llegó en ese periodo y el diálogo continuó meses más tarde. En mayo de 2026 sostuvieron nuevas conversaciones con Claudia Espino, instancia en la cual se les notificó que las finanzas institucionales impedían un ajuste en las remuneraciones. “Se hizo un análisis donde se nos dijo que no había presupuesto para aumentarnos el sueldo”, puntualizó el empleado del INE.

De concretarse la medida de presión, la afectación sería considerable para la ciudadanía, ya que involucraría a más de 5 mil trabajadores distribuidos en unos 800 módulos operativos en todo el territorio mexicano, lo que frenaría por completo el servicio de credencialización.

Condiciones laborales adversas y falta de insumos

Además de la inconformidad con los tabuladores de pago, la base trabajadora expuso una serie de deficiencias cotidianas en sus centros de trabajo. Entre los principales problemas enlistados se encuentran las restricciones para disfrutar de periodos vacacionales conforme a la ley, contando además con un lapso de apenas 12 minutos para consumir alimentos durante sus jornadas.

Las problemáticas operativas también abarcan la escasez de insumos básicos para realizar sus tareas diarias, el uso de equipo de cómputo obsoleto o deteriorado —incluyendo teclados inservibles—, la ausencia de personal de seguridad en las instalaciones y la imposición de realizar por cuenta propia las labores de limpieza de los espacios.

Recortes presupuestales y descontento interno

Los empleados atribuyen esta situación a una constante reducción de recursos aprobada desde el Poder Legislativo. Recordaron que año con año la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto al INE, destacando que para el ejercicio fiscal de 2027 el organismo sufrió un ajuste negativo de 5 mil millones de pesos.

No obstante, la base operativa cuestiona que existan limitaciones financieras para el personal que sostiene el contacto directo con la población, mientras paralelamente se han dado a conocer polémicas por la asignación de presupuestos. El descontento se alimenta también del reciente caso de presunta corrupción vinculado a la exconsejera presidenta y la entrega de contratos millonarios a personajes como José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

“No es posible que nosotros siendo la base operativa no se tenga dinero para nosotros, que somos la cara del INE ante la ciudadanía, pero sí para presuntamente repartirse contratos millonarios”, sentenció Fernández, reiterando el llamado al diálogo para evitar la suspensión generalizada de servicios.