La relación institucional entre el Gobierno federal y la administración estatal de Querétaro atraviesa un momento de fricción luego de que la titular del Ejecutivo federal señalara directamente una irregularidad en el desarrollo de un importante proyecto de seguridad impulsado a nivel local.
Falta de aval federal para el centro internacional
Durante su habitual conferencia matutina ante los medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la academia policial de carácter internacional que impulsa el gobernador Mauricio Kuri en territorio queretano carece de los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la administración federal.
La mandataria aclaró que el conflicto no radica en la presencia o la visita del embajador estadounidense Ronald Johnson, sino en la naturaleza misma de las actividades que se planea llevar a cabo en dicho recinto, las cuales involucran temas que exceden las atribuciones locales.
Delitos del fuero común frente a competencias federales
En su exposición, Sheinbaum detalló una distinción fundamental respecto a las facultades de las instituciones de seguridad en el país. Explicó que los programas habituales de capacitación destinados a corporaciones de nivel estatal se enfocan estrictamente en la prevención y persecución de ilícitos correspondientes al fuero común.
Sin embargo, el proyecto impulsado en Querétaro contempla contenidos y metodologías vinculadas directamente con el combate al narcotráfico y la colaboración con agencias extranjeras, materias que por ley recaen de manera exclusiva en el ámbito de competencia federal.
Incumplimiento de la normatividad en materia de cooperación
La jefa del Estado mexicano indicó que cualquier iniciativa de cooperación internacional que involucre a organismos de seguridad de Estados Unidos debe someterse a un riguroso proceso de revisión institucional. Esto implica la intervención directa del gabinete de seguridad nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para respaldar esta postura, recordó que dichos lineamientos se fundamentan en lo estipulado por el artículo 117 de la Constitución y en los artículos del 68 al 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
Asimismo, la administración federal reveló cifras oficiales que demuestran que, entre el periodo de 2021 y octubre de 2026, el gabinete de seguridad federal únicamente ha registrado nueve solicitudes formales de proyectos de cooperación conjunta entre el gobierno queretano y agencias de la Unión Americana. De este total, ocho gestiones correspondieron a la fiscalía de la entidad y una a la secretaría de seguridad local.
Ante este panorama, la presidenta fue tajante al señalar que «No está aquí la academia», refiriéndose a la ausencia de un trámite que avale las operaciones internacionales del complejo policial.
Revisión de documentos y postura diplomática
La controversia escaló luego de que salieran a la luz diversos documentos mediante los cuales el gobierno estatal intentó demostrar que sí notificó a la cancillería mexicana sobre la colaboración con el diplomático norteamericano. No obstante, la titular del Ejecutivo federal precisó que dicha comunicación formal no equivale ni sustituye a una autorización legal para operar un centro de capacitación de alcance internacional.
A pesar de los cuestionamientos hacia la gestión estatal, la administración federal reiteró que mantiene canales abiertos de diálogo y entendimiento con el gobierno del país vecino del norte.
«Tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pedimos a los gobernadores y embajadores es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional», puntualizó Sheinbaum, enviando un mensaje claro sobre el respeto al marco legal vigente en materia de seguridad nacional.
