Sheinbaum vincula a Anabel Hernández con el entorpecimiento de la extradición de un exfuncionario clave en Ayotzinapa
La presentación de un nuevo informe oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha desatado un nuevo enfrentamiento político y mediático en México. En esta ocasión, la controversia involucra directamente a la administración federal y a la reconocida periodista y escritora Anabel Hernández, luego de que se cuestionara su participación en un proceso judicial en Estados Unidos.
El papel del ex juez de barandilla en la disputa legal
El centro de la polémica gira en torno a José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla durante la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Actualmente, el gobierno mexicano reclama su extradición desde territorio estadounidense para que responda ante la justicia por los hechos ocurridos.
El reporte recientemente integrado al expediente rescata una de las líneas de investigación iniciales impulsadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión de Jesús Murillo Karam. Dicha hipótesis sostiene que varios de los jóvenes estudiantes fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal tras ser interceptados.
No obstante, en su momento, Bernabé García rechazó categóricamente que los alumnos hubieran estado en esa unidad policial. Gracias a sus argumentos y defensas, el exfuncionario logró obtener el asilo político en Estados Unidos en el año 2020, bloqueando temporalmente los intentos del Estado mexicano por juzgar su presunta participación o conocimiento de los crímenes.
Las declaraciones de la presidenta y la respuesta sobre el testimonio
Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana sugirió que la intervención de la autora en los tribunales estadounidenses facilitó la permanencia legal del ex juez en el país vecino. «¿A quién utilizaron como testigo en Estados Unidos para decir que los estudiantes no estuvieron en la barandilla? A Anabel Hernández», expresó la titular del Ejecutivo federal ante los medios de comunicación.
Ante estos señalamientos, cabe recordar lo expuesto previamente por la propia periodista en una columna difundida por el medio alemán Deutsche Welle hace un par de años. En dicho texto, la escritora relató que su participación en el extranjero obedeció a un requerimiento formal de una corte de Arizona.
«Fui citada a declarar a una corte de Arizona, en el juicio de asilo político de José Ulises Bernabé García, juez de barandilla que la noche del 26 de septiembre de 2014 estaba en funciones en la base de la policía municipal de Iguala», detalló la comunicadora en su artículo. Asimismo, defendió la naturaleza de su comparecencia al argumentar que acudió en calidad de testigo experto para exponer sus investigaciones periodísticas y no para respaldar jurídicamente al exfuncionario.
Nuevos hallazgos tecnológicos y rutas de investigación
Por otro lado, la administración federal explicó que la hipótesis sobre la Comandancia de la Policía Municipal cobró nueva fuerza tras el análisis exhaustivo del rastro de los teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas, los cuales continuaron registrando actividad después de su desaparición. Según los datos aportados, uno de estos dispositivos guardaría relación directa con el sector de la barandilla.
Adicionalmente, las autoridades afirmaron que existen testimonios de estudiantes sobrevivientes que apuntan a su paso por dichas instalaciones policiales durante la noche de los ataques. La nueva estrategia ministerial también incluye el seguimiento a otras líneas paralelas, tales como la revisión de funerarias locales que presuntamente habrían operado en complicidad con estructuras del crimen organizado.
Compromiso gubernamental con las familias
Pese a las tensiones políticas y los debates públicos en torno a las pruebas y los testimonios internacionales, el gobierno federal reiteró su compromiso absoluto con los familiares de los jóvenes desaparecidos. Las autoridades enfatizaron que el expediente sigue abierto y descartaron que las pesquisas concluyan sin haber esclarecido los hechos.
«Evidentemente se sigue investigando, no está cerrada la investigación y no se va a cerrar hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde están los jóvenes», aseguró la presidenta, reafirmando la voluntad institucional de llegar hasta las últimas consecuencias en este emblemático caso de derechos humanos.
