El retorno de Rubén Rocha Moya al poder en Sinaloa
Luego de permanecer separado de sus funciones durante más de 112 días, periodo en el cual enfrentó un proceso de indagatoria por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Rubén Rocha Moya reasumió formalmente la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado de Sinaloa.
La decisión de separarse temporalmente de su cargo ocurrió a finales del mes de abril, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzara señalamientos en su contra vinculándolo con presuntas operaciones del narcotráfico. Sin embargo, tras concluir las indagatorias preliminares, el mandatario estatal aseguró que las autoridades mexicanas no hallaron elementos que lo comprometan.
A través de un pronunciamiento emitido en sus canales oficiales de comunicación, el gobernador declaró textualmente: “Como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya (…) no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”.
¿Qué pasará con Yeraldine Bonilla y su paso por la gubernatura interina?
Durante el tiempo que duró la ausencia del mandatario, la administración estatal quedó a cargo de Yeraldine Bonilla Valverde, quien rindió protesta a principios de mayo ante el Congreso local para asumir las riendas de la entidad de manera provisional.
Antes de llegar al máximo puesto administrativo del estado, Bonilla acumuló una trayectoria importante dentro del gabinete actual. Desempeñó funciones clave como la subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo, además de fungir como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, durante el año 2025, fue designada de manera oficial como secretaria general de Gobierno, nombramiento que facilitó su ascenso temporal al interinato conforme a la normativa local.
De acuerdo con la legislación vigente en la entidad federativa, las ausencias temporales del titular del Ejecutivo que no superen los treinta días deben ser cubiertas por el responsable de la política interna bajo la figura de encargado de despacho. No obstante, al prolongarse la licencia, el Congreso determinó los pasos conducentes para garantizar la gobernabilidad. Con el retorno de Rocha Moya a sus funciones constitucionales, Yeraldine Bonilla dejará el encargo interino para reintegrarse formalmente a sus responsabilidades como secretaria general de Gobierno.
El paradero del gobernador y la postura del gobierno federal
Durante las semanas en que se mantuvo apartado del ojo público y bajo el escrutinio internacional, surgieron diversas especulaciones sobre su ubicación. Ante esto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró en repetidas ocasiones la situación legal y física del político sinaloense.
La administración federal confirmó que el gobierno estadounidense no aportó la documentación ni los elementos necesarios para solicitar una captura con fines de extradición. Asimismo, se desmintieron los rumores que apuntaban a un supuesto resguardo del mandatario dentro de instalaciones castrenses para eludir a la justicia extranjera.
En su momento, funcionarios del gabinete federal zanjaron las especulaciones al señalar de manera directa: “El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro”.
Las acusaciones del gobierno estadounidense y el caso de exfuncionarios
La investigación del Departamento de Justicia norteamericano sostiene la hipótesis de que un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluyendo al propio gobernador, presuntamente brindaron protección e infraestructura para facilitar el tráfico transfronterizo de sustancias ilícitas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Dentro de la lista de personas señaladas por las autoridades extranjeras figuran figuras de la política local como el senador de Morena, Enrique Inzunza, así como los ex titulares de las secretarías de Seguridad y de Administración y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente.
El panorama judicial para algunos de los implicados ha tomado nuevos giros recientemente. Reportes oficiales indican que Gerardo Mérida, quien optó por entregarse a las autoridades estadounidenses en el estado de Arizona, abandonó una prisión de Brooklyn tras negociar un posible acuerdo de cooperación e intercambio de información con agencias de aquel país.
De acuerdo con la carpeta de investigación del vecino país del norte, la red de protección institucional en la que habrían participado estos actores políticos operaba en favor de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que actualmente mantiene una disputa territorial contra el grupo rival conocido como Los Mayitos.
