Desmarcan a la familia Monreal de la designación en Zacatecas
Frente a los cuestionamientos surgidos en torno a los procesos internos, el diputado federal Ricardo Monreal aseguró en los pasillos de San Lázaro que la selección de la coordinadora partidista en Zacatecas se llevó a cabo sin la llamada mano negra. El legislador confió en que las inconformidades presentadas de manera aislada quedarán atrás ante la fuerza y la trayectoria del movimiento político.
Asimismo, rechazó tener algún favorito en la contienda y recordó el vínculo matrimonial previo de la nominada, Verónica Díaz, con su hermano Luis, aclarando que dicha relación concluyó hace 11 años. Al respecto, puntualizó: “Yo no tengo gallo”, y añadió que la funcionaria es una mujer honesta, fundadora del partido, con quien actualmente no mantiene lazos cercanos, zanjando el tema con un tono irónico: “Y que el Santo Niño de Atocha la ayude”.
Advierten retrocesos tras la reforma judicial
Por otra parte, las repercusiones de la reforma al poder judicial continúan generando debate entre los legisladores. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, advirtió recientemente sobre los efectos adversos de esta normativa, señalando que 60% de los jueces que ya contaban con la capacitación necesaria para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares han quedado fuera de la estructura actual, lo que obligará a reiniciar la preparación con los perfiles derivados de los recientes procesos de elección.
Movimiento Ciudadano emprende acciones legales ante el INE
En el terreno electoral, las tensiones entre fuerzas políticas escalaron luego de que el partido Movimiento Ciudadano formalizara una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Morena y sus aspirantes en cinco estados de la república. Desde la perspectiva de esta fuerza opositora, la designación de coordinadores de defensa representa un ardid para burlar la normatividad vigente sobre los tiempos de precampaña y campaña.
El posicionamiento oficial estuvo a cargo de Juan Zavala, quien enfatizó la gravedad de la situación al declarar que no se puede “normalizar que se viole de esa manera la Constitución”, advirtiendo además que su instituto político no permitirá que estas prácticas queden impunes, a pesar de las actividades proselitistas que realizan los contendientes.
Llaman al orden en la Cámara de Diputados
Ante la proximidad de debates cruciales en el recinto legislativo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados intensificó sus llamados a la mesura. Encabezados por Raúl Bolaños-Cacho, las autoridades parlamentarias buscan inhibir las trifulcas y los enfrentamientos verbales durante las sesiones plenarias.
La urgencia de mantener la civilidad responde a la inminente discusión y votación de la reforma constitucional que restringe la doble nacionalidad a quienes aspiren a la presidencia del país o gubernaturas locales. Ante un debate catalogado como intenso y apasionado, se conminó a los congresistas a priorizar los argumentos sólidos y el respeto mutuo.
Controversia en el INE por designación en Nayarit
En el ámbito administrativo electoral, la Comisión del Servicio Profesional del INE prevé discutir la asignación de Christian Flores Garza como vocal ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit. El nombramiento ha generado suspicacias debido a los señalamientos previos que pesan sobre el exfuncionario por la recepción de un finiquito presuntamente irregular durante su gestión en el instituto de Jalisco, donde fungía como trabajador de confianza sin derecho a dicha contraprestación.
La SCJN evaluará atraer emblemático caso de desaparición
Finalmente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la propuesta presentada por la ministra Loretta Ortiz para determinar si ejerce su facultad de atracción sobre el expediente de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada ocurrida en el estado de Guerrero durante el periodo conocido como la guerra sucia.
De asumir la revisión del caso, las y los ministros ponderarán los alcances del actuar judicial frente a la inacción de las instancias administrativas y ministeriales en las labores de búsqueda de personas no localizadas, evaluando si tales omisiones constituyen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de verdad y justicia.
