La reciente estrategia de consolidación fiscal presentada por el Gobierno colombiano ha generado diversas reacciones en los mercados internacionales. La entidad financiera Goldman Sachs ha señalado que el nuevo plan plantea una reducción muy ambiciosa del déficit, aunque advierte que su gran magnitud, los obstáculos políticos en el legislativo y los detalles operativos aún por definir ponen seriamente en riesgo el cumplimiento de las metas oficiales previstas para los próximos años.
Un ajuste fiscal profundo pero con dudas sobre su viabilidad
De acuerdo con las proyecciones económicas, el programa gubernamental contempla una disminución del déficit primario equivalente a 2,4 puntos porcentuales del PIB en 2027, una cifra superior a los 2,2 puntos calculados en estimaciones previas. Asimismo, el ajuste fiscal total alcanzaría 4,3 puntos del PIB en 2028 y escalaría de forma progresiva hasta situarse en 4,7 puntos en 2030.
Santiago Téllez, analista de Goldman Sachs, destacó que “su ajuste concentrado en los primeros años y considerable muestra compromiso con la disciplina fiscal”. Pese a este reconocimiento inicial, el banco de inversión anticipa un escenario legislativo adverso donde el poder legislativo terminará rebajando el alcance de la propuesta. “Nuestro escenario base es que finalmente se aprobará un paquete diluido”, puntualizó el experto, sin descartar que el debate parlamentario se extienda hasta el año 2027.
Mientras la administración central proyecta llevar el déficit primario desde el 3,7% del PIB en 2026 hasta el 2,1% en 2027 y reducirlo al 0,3% en 2028, las estimaciones privadas son menos optimistas. La firma neoyorquina calcula que dicho déficit se ubicará en el 2,5% del PIB en 2027 y en el 1,2% en 2028, superando las metas trazadas por el Ejecutivo. “Vemos riesgos de desviación fiscal dada su enorme magnitud”, recalcó Téllez, quien también alertó sobre las repercusiones que estas modificaciones podrían tener en el equilibrio macroeconómico general.
Recorte del gasto público y reestructuración del Estado
El núcleo principal de la estrategia fiscal descansa sobre la contención y reducción del gasto público, rubro que aportaría cerca de 2 puntos del PIB en 2027 y un promedio anual de 2,3 puntos en los ejercicios posteriores. “El largamente esperado plan de consolidación fiscal del nuevo Gobierno es, en el margen, incluso más ambicioso de lo que sugerían las señales anteriores”, añadió el analista.
No obstante, los expertos recalcan que el ahorro efectivo será menor al reflejado en las cifras macroeconómicas globales. Parte de estos recursos se obtendrán mediante ajustes en las exenciones de seguridad social y la destinación de tributos específicos para apuntalar el sistema sanitario. Adicionalmente, el plan solicita al Congreso la concesión de facultades extraordinarias al mandatario durante un semestre para fusionar y reorganizar distintas carteras ministeriales y entidades públicas, una movida que sumaría 0,4 puntos del PIB en 2027.
Modificaciones tributarias y resistencia política en el Parlamento
En el frente tributario, el Ejecutivo confía en captar 0,3 puntos adicionales del PIB en 2027 y escalar a 1,8 puntos anuales posteriormente. Esto se lograría a través de una modificación estructural del IVA, fijando una tarifa general del 19% para la mayoría de bienes y servicios que antes estaban exentos, acompañada de devoluciones focalizadas para los sectores poblacionales más vulnerables. Esta medida por sí sola inyectaría 1,1 puntos del PIB al año a partir de 2028.
Paralelamente, se busca bajar el umbral para el pago del impuesto sobre la renta de las personas naturales, lo que generaría 0,6 puntos adicionales del PIB cada año. En contraste, el impuesto corporativo descendería gradualmente desde el 35% hasta el 31% en 2028. Goldman Sachs calcula que esta baja impositiva empresarial generará un costo fiscal transitorio, el cual se compensaría a mediano plazo con el impulso a la inversión privada y la reducción de las primas de riesgo país.
A pesar de que el banco valora positivamente que la estrategia evite apostar exclusivamente al crecimiento económico o a expectativas irreales sobre el combate a la evasión, advierten que el plan deja intactas presiones de gasto estructural de gran peso, como el sistema de transferencias. Además, el proyecto presentado en el Capitolio abarca solo el 75% del programa total, quedando el 25% restante sujeto a decretos ejecutivos y al Plan Nacional de Desarrollo.
Las discusiones en el Congreso se vislumbran complejas, especialmente en lo referente a la ampliación de la base de renta personal y las facultades especiales para el Ejecutivo, aunque medidas como la devolución del IVA y los gravámenes al alcohol y tabaco podrían facilitar consensos con distintas bancadas antes de la fecha límite del 16 de diciembre.
