Una investigación del gobierno de Estados Unidos puso bajo la lupa a la clase política de Baja California tras implicar directamente a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en una compleja red de corrupción y protección al crimen organizado. De acuerdo con los reportes emitidos por el Departamento del Tesoro, el exfuncionario habría aprovechado su posición de poder y su influencia política para blindar las operaciones de la facción conocida como ‘La Mayiza’, perteneciente al Cártel de Sinaloa, impidiendo la intervención de las corporaciones de seguridad locales en la franja fronteriza.
Las indagatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sitúan a la ciudad de Mexicali como el epicentro de estas operaciones ilícitas, donde convergen intereses políticos, mandos policiacos y células delictivas dedicadas al trasiego de sustancias prohibidas hacia territorio estadounidense.
La estructura de complicidades en Mexicali
El esquema expuesto por las autoridades norteamericanas detalla que Carlos Torres mantenía una alianza estratégica con Juan José Ponce Félix, identificado con el alias de ‘El Ruso’, quien funge como uno de los principales jefes de plaza de la organización criminal en la región. Según el comunicado oficial, este líder delictivo utilizaba redes de protección institucional para eludir la acción de la justicia.
Dentro de este organigrama de corrupción, la OFAC también señaló a Pedro Ariel Mendivil García, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública de Mexicali. La acusación formal sostiene que el mando policial recibía sobornos millonarios a cambio de otorgar al Cártel de Sinaloa el control operativo de la policía municipal, facilitando así sus actividades ilícitas.
El reporte del Departamento del Tesoro apunta que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales directamente de Mendivil para garantizar que las operaciones del grupo criminal transcurrieran con total impunidad en territorio bajacaliforniano.
El rol de la familia Torres y la red de lavado
La investigación federal de Estados Unidos no se limita a la figura del exesposo de la mandataria estatal, sino que extiende sus acusaciones hacia su círculo familiar más cercano. Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, jugaba un papel fundamental dentro de esta estructura financiera ilícita.
Según los registros de la OFAC, Luis Torres era el encargado de captar los recursos económicos provenientes de los sobornos entregados por el exjefe policial de Mexicali. Posteriormente, estos fondos eran inyectados y blanqueados a través de diversas empresas fantasma y esquemas de financiamiento para campañas políticas.
Con este mecanismo, la estructura combinaba la influencia política de Carlos Torres en la toma de decisiones públicas con la gestión financiera que realizaba su hermano para ocultar el origen de los recursos ilícitos.
Sanciones internacionales y alcance de la red
Las medidas restrictivas anunciadas por el Departamento del Tesoro forman parte de una ofensiva más amplia que comprende el bloqueo a 21 personas y 25 empresas vinculadas directamente con la estructura de Ismael Zambada, ‘Mayito Flaco’. Esta ofensiva busca desarticular las finanzas y las redes logísticas que operan en las plazas clave de Tijuana y Mexicali.
En el entramado financiero y político también figura Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero y exasesor legislativo en la entidad. La OFAC lo identificó como un operador cercano a Carlos Torres y vinculado con mandos de alto nivel del narcotráfico internacional, utilizando favores políticos para beneficiar los negocios ilícitos de la organización criminal a cambio de retribuciones económicas.
Como consecuencia de estas designaciones financieras, todos los bienes y activos de los implicados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados de inmediato. Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos ya había tomado medidas previas contra el exfuncionario mexicano al revocarle la visa de ingreso al país en mayo de 2025.
La postura oficial de Carlos Torres ante las acusaciones
Frente a la gravedad de los señalamientos emitidos por el gobierno extranjero, Carlos Torres rechazó categóricamente cualquier nexo con organizaciones delictivas o actividades de narcotráfico, anunciando su disposición para enfrentar y aclarar las acusaciones ante las instancias correspondientes.
“Quiero ser muy claro, si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten”, declaró a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales de redes sociales.
Asimismo, el exfuncionario enfatizó que mantendrá una postura de apertura y colaboración con las autoridades para esclarecer su situación jurídica, reiterando que dará la cara ante los señalamientos de la justicia estadounidense.
