Revelan nueva trama en el caso Ayotzinapa que implica a funerarias locales y al Semefo
Al cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia que sacudió al país, representantes del gobierno federal y de la fiscalía especializada expusieron los avances más recientes en torno al paradero de los jóvenes. Durante una conferencia de prensa conjunta, las autoridades desacreditaron una vez más la versión oficial construida en el pasado y centraron la atención en una estructura clandestina vinculada al grupo delictivo Guerreros Unidos, la cual presuntamente utilizaba servicios funerarios locales para encubrir los crímenes.
Nuevos hallazgos y el papel de los establecimientos funerarios
El relanzamiento de las pesquisas, basado en un exhaustivo reexamen de expedientes, bitácoras de llamadas y material videográfico, permitió descubrir conexiones hasta ahora ignoradas. Entre las líneas principales destaca la presunta complicidad de los negocios denominados El Ángel y Funerales Rueda, ambos administrados por la familia Rueda Mazón, que simultáneamente operaban el Servicio Médico Forense en la demarcación de Iguala.
De acuerdo con la información aportada por los investigadores, el análisis de telecomunicaciones demostró que el titular de dichos establecimientos, identificado como Rodolfo «N», mantuvo contacto frecuente con miembros del grupo criminal durante la jornada violenta. Incluso, se confirmó que semanas después utilizó el dispositivo móvil perteneciente a uno de los normalistas extraviados. Estas pistas motivaron una serie de inspecciones judiciales ejecutadas recientemente.
Durante dichos operativos, los peritos detectaron anomalías alarmantes, tales como armamento reservado exclusivamente para las fuerzas castrenses, registros de defunción alterados, un crematorio clandestino y osamentas abandonadas sin la debida catalogación en sitios inapropiados. Testigos protegidos indicaron que algunos de los afectados habrían sido llevados a estos sitios con el fin de desaparecer cualquier rastro material, consolidando la hipótesis de una red de ocultamiento institucional y delictiva.
Detenciones clave y testimonios inéditos
Otra de las vertientes que cobró fuerza involucra la presencia de un grupo de estudiantes en las instalaciones de la policía municipal durante las primeras horas de los acontecimientos. El rastreo de terminales telefónicas empleadas por allegados a mandos locales desmintió versiones anteriores que negaban el ingreso de los jóvenes a dichas dependencias, confirmando la participación directa de elementos de seguridad.
Asimismo, las autoridades destacaron la captura en el mes de abril de un individuo que, al momento de los hechos, operaba con minoría de edad como informante para la organización armada. Tras su arresto, el sujeto decidió cooperar con la justicia, aportando datos geográficos precisos y elementos que robustecen la teoría sobre la ejecución y ocultamiento de las víctimas.
Gestiones internacionales y exigencia de justicia
En el plano internacional, el Ejecutivo federal continúa gestionando los procesos de extradición correspondientes para aprehender a exfuncionarios y políticos que abandonaron el territorio nacional para evadir la acción de la justicia, incluyendo a exmandatarios locales y antiguos jefes policiales.
Las autoridades reafirmaron que las indagatorias seguirán su curso sin descanso hasta esclarecer por completo los acontecimientos y fincar responsabilidades penales a todos los actores coludidos en uno de los episodios más graves de la historia reciente de la nación.
