Exigen a la Suprema Corte blindar los comicios locales frente a la sombra del narcotráfico
Ante la inminente discusión judicial sobre el futuro político de la entidad norteña, la titular del Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos, exhortó públicamente a los integrantes del máximo tribunal de justicia a respaldar la modificación legal aprobada en el Congreso local. La legislación busca fundamentalmente anular una elección si se acredita la intervención del crimen organizado o hay nexos con candidatos.
A través de un posicionamiento emitido mediante plataformas digitales, la mandataria solicitó a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalen los lineamientos jurídicos creados para frenar la participación de redes criminales en las contiendas democráticas. El asunto será revisado de manera formal por el Pleno el próximo martes 29 de septiembre, fecha en la que se resolverán las diversas acciones de iniciativa constitucional presentadas contra los cambios normativos impulsados en Chihuahua.
La funcionaria enfatizó que la medida no constituye una ocurrencia legislativa, sino una estrategia urgente y necesaria frente a una problemática nacional evidente, donde diversas demarcaciones territoriales sufren la presión de grupos delictivos capaces de incidir directamente en la postulación de aspirantes y en los resultados definitivos de las urnas.
“No fue una ocurrencia. Fue una respuesta a lo que hemos visto pasar en México: estados enteros donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, señaló de manera contundente.
En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia.
No fue una ocurrencia. Fue una… pic.twitter.com/NNJqOOCXGy
— Maru Campos (@MaruCampos_G) September 28, 2026
Asimismo, la gobernadora recalcó que la vigencia de estos dispositivos legales representa una prueba de fuego para la soberanía de las entidades federativas frente a las amenazas de la violencia organizada que pretende doblegar las estructuras gubernamentales y ciudadanas.
“Lo que está en juego no es un artículo de una ley estatal. Es si un estado de la República puede defender sus elecciones del crimen organizado”, sostuvo.
Alcances y blindaje de la polémica reforma electoral en el norte del país
Durante su exposición sobre los motivos que originaron la iniciativa, la administración estatal reiteró que el texto jurídico incorpora candados estrictos para impedir que individuos con nexos delictivos logren postularse a cargos de elección popular, garantizando que el ejercicio democrático permanezca libre de intimidaciones.
“En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia”, afirmó la mandataria al detallar los puntos finos de la normativa.
De igual forma, la jefa del Ejecutivo local recordó que la iniciativa contó con el respaldo plural de las distintas fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo regional, con la única excepción de la bancada de Morena, cuyos integrantes votaron en contra del dictamen y posteriormente promovieron los recursos legales ante el órgano de control constitucional para echar abajo la disposición.
Expectativa ante el fallo definitivo del Pleno judicial
Con la fecha límite fijada para este martes 29 de septiembre, la presión política se mantiene al límite mientras el Pleno de la SCJN evalúa la validez jurídica de los artículos impugnados. La administración estatal confía en que los integrantes del tribunal ponderen el contexto de seguridad y prioricen la autonomía local en materia de protección al sufragio.
“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó Campos, haciendo además alusión al origen democrático de los actuales juzgadores que componen el máximo tribunal del país.
Finalmente, la administración estatal insistió en que el fallo trascenderá las fronteras del estado fronterizo, marcando un precedente histórico sobre las herramientas legales con las que cuentan los gobiernos subnacionales para combatir la intromisión de poderes fácticos en los procesos cívicos. “Chihuahua les pide que confirmen la ley completa”, concluyó la gobernadora en su mensaje dirigido al órgano judicial.
