Restricciones a la modalidad 40 del IMSS: fin del esquema para multiplicar pensiones de la Ley 73
Hace más de medio siglo, una modificación legal introducida en marzo de 1973 estableció las bases para que los trabajadores que abandonaban el sector formal pudieran continuar cotizando por cuenta propia y conservar sus derechos de retiro. Aquella normativa redujo de 100 a 52 semanas el requisito de cotización y abrió la posibilidad de seguir aportando con percepciones superiores al último sueldo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con el paso de las décadas, esta alternativa, conocida formalmente como la continuación voluntaria en el régimen obligatorio o Modalidad 40, evolucionó hasta convertirse en una herramienta clave para quienes buscaban mejorar sustancialmente sus ingresos al jubilarse bajo el amparo de la legislación de 1973. Sin embargo, un reciente acuerdo del Consejo Técnico publicado en el Diario Oficial de la Federación modificó drásticamente las reglas del juego.
El boom del esquema y el impacto en las finanzas públicas
El atractivo de este mecanismo radicaba en la oportunidad de registrarse con el tope máximo permitido de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA),equivalentes a unos 88 mil pesos mensuales, y mantener las aportaciones durante cinco años para elevar de forma exponencial el monto de la jubilación. La popularización del sistema a través de plataformas digitales y asesores previsionales provocó un crecimiento exponencial en la demanda.
Mientras que en 2013 se contabilizaban 91 mil cotizantes, la cifra ascendió a 200 mil en 2020 y cerró 2024 con 275 mil personas inscritas, impulsada por casi 90 mil altas registradas únicamente en ese último año. Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que dos de cada tres usuarios optaron por rangos de entre 20 y 25 UMA, con una edad promedio de afiliación cercana a los 58 años.
La rentabilidad financiera para el asegurado era evidente: invertir el tope máximo durante un lustro requería un desembolso inferior a los 900 mil pesos, a pesar del incremento gradual en las cuotas estipulado por la reforma de 2020 —que prevé escalar del 14.4 por ciento en 2026 al 18.8 por ciento en 2030—. A cambio, el beneficiario obtenía una pensión vitalicia indexada a la inflación con cobertura de viudez, recuperando la inversión inicial en aproximadamente año y medio.
Nuevas restricciones y fin de la retroactividad
Las disposiciones recientes frenan esta dinámica al topar las nuevas inscripciones y reingresos al último salario registrado al causar baja, más una UMA adicional. Asimismo, desaparece la retroactividad, los trámites deberán realizarse de manera completamente digital y aquellos trabajadores que ya se encuentran dentro del programa mantendrán sus condiciones originales.
Aunque la modalidad sigue vigente, su función como mecanismo de aceleración salarial queda suspendida de manera temporal. El acuerdo gubernamental contempla un periodo de análisis actuarial de seis meses, seguido de un plazo idéntico para estructurar una propuesta normativa definitiva, lo que anticipa un escenario de revisión profunda para finales de 2027.
Una medida restrictiva con efectos desiguales
El impacto de este candado varía de forma considerable según el nivel de ingresos del trabajador. Quienes planeaban realizar un salto drástico desde un sueldo modesto hacia el tope máximo experimentan reducciones drásticas en su pensión estimada, mientras que aquellos que ya percibían percepciones elevadas no sufren modificaciones en sus expectativas de retiro.
Esta paradoja surge en un contexto donde el IMSS reporta una solidez financiera notable, impulsada por máximos históricos en la recaudación de cuotas obrero-patronales que alcanzaron los 603 mil millones de pesos en 2025. La causa de la restricción radica en que las pensiones amparadas por la Ley de 1973 no se financian con los recursos propios del instituto asegurador, sino directamente a través del presupuesto federal, conforme a lo establecido en la ley de 1997.
Durante 2024, dicha nómina requirió 643 mil millones de pesos, superando los ingresos recaudados por cuotas y ampliando un déficit que compromete el gasto público a largo plazo, anticipando un panorama de continuas transformaciones en el sistema de seguridad social mexicano.
