Una salida que sacude los equilibrios del poder judicial
La reciente decisión de Mónica Soto Fregoso de presentar su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha encendido las alarmas en el ámbito político nacional. Aunque la magistrada justificó su salida argumentando el cierre de un ciclo profesional de tres décadas y la necesidad de atender asuntos de índole personal y familiar, los analistas coinciden en que una dimisión de esta magnitud, antes de concluir el periodo que la reforma judicial le permitía extender, responde a dinámicas de poder mucho más profundas.
Este movimiento ocurre en un momento sumamente delicado, justo en la antesala del proceso electoral de 2027, un hito político donde estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados y el mapa político de gran parte del país. La partida de Soto altera de manera directa las fuerzas internas de una Sala Superior que ha cargado con el peso de las determinaciones electorales más polémicas de los últimos años en México.
Las grandes controversias y el bloque de los «Felipes»
El paso de la magistrada por el órgano electoral deja una profunda estela de cuestionamientos públicos. Uno de los episodios más recordados se remonta a los comicios de 2024, fecha en la que el Tribunal validó la asignación de curules que otorgó a Morena y a sus aliados políticos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Dicha resolución fue severamente criticada por las fuerzas opositoras, las cuales argumentaron que el bloque oficialista obtuvo una representación legislativa desproporcionada en comparación con los sufragios captados en las urnas.
En aquella ocasión, Soto integró el bloque mayoritario junto con los magistrados conocidos como los «Felipes» —Felipe de la Mata y Felipe Fuentes—. El impacto político de aquella decisión fue mayúsculo, dotando al oficialismo del respaldo numérico necesario para impulsar las reformas constitucionales heredadas por la administración federal anterior.
Posteriormente, durante el proceso de la elección judicial, esta misma alianza volvió a manifestarse al rechazar, por una votación de tres votos contra dos, la anulación de los comicios para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de las denuncias sobre la distribución generalizada de guías de votación y otras irregularidades graves, la mayoría determinó que las pruebas presentadas carecían de la contundencia necesaria para invalidar el proceso, a pesar de los votos disidentes de magistrados como Reyes Rodríguez y Janine Otálora.
Un legado marcado por la sombra de la parcialidad
Para diversos sectores institucionales, estas resoluciones dejaron una herida difícil de sanar en la credibilidad del árbitro electoral. Si bien la defensa de la magistrada ha apuntado siempre hacia el cumplimiento del mandato constitucional y la protección de los derechos ciudadanos, la realidad política muestra que su gestión coincidió con hitos fundamentales para la consolidación del proyecto político oficialista, desde la calificación de la presidencia hasta la integración del Congreso.
Con esta dimisión, la Sala Superior se queda nuevamente con cinco de sus siete integrantes, justo cuando se aproxima un escenario de alta presión institucional. Los retos para los magistrados no serán menores, ya que sobre sus escritorios recaerán litigios complejos relacionados con fiscalización, candidaturas, propaganda gubernamental, uso de programas sociales y la calificación de múltiples comicios.
El desafío central para el sistema democrático mexicano radica en consolidar un tribunal verdaderamente autónomo, cuyos miembros respondan estrictamente al orden constitucional y no a afinidades políticas, garantizando así la confianza ciudadana en cada contienda electoral.
