El dilema de financiar la sustentabilidad
Recientemente, el pleno de la Cámara de Diputados votó en contra de una modificación al artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación. Dicha iniciativa pretendía instaurar un crédito fiscal enfocado en fomentar proyectos de energías renovables, optimización energética, gestión adecuada de desechos y reciclaje industrial. El revés legislativo pone de manifiesto la desconexión existente entre las declaraciones oficiales sobre la transición energética y las acciones tangibles en materia de recaudación y gasto público.
Para comprender el alcance de la propuesta, es necesario detallar su mecanismo. Una reserva legislativa consiste en una modificación que un congresista plantea sobre un dictamen previo a su aprobación definitiva. En esta ocasión, el objetivo era permitir que las compañías que destinaran recursos a tecnologías limpias pudieran deducir una porción de dicho gasto frente a sus obligaciones tributarias. Lejos de tratarse de una subvención directa o de una transferencia de recursos, el instrumento funcionaba como un mensaje claro: si mejoras tus procesos productivos, el Estado te respalda. Este tipo de incentivos es implementado desde hace años por diversas naciones con mayor margen presupuestario.
Impacto en la competitividad regional y el fenómeno del nearshoring
Esta clase de decisiones económicas impacta directamente a entidades federativas cuya economía depende de la industria manufacturera orientada a la exportación y la relocalización de empresas. En la actualidad, cualquier compañía que evalúa instalarse en un parque industrial no analiza únicamente la cercanía con el mercado estadounidense y los costos laborales. También examina la disponibilidad de energía limpia, el estado de la red eléctrica y el manejo de los residuos industriales.
Las cadenas globales de valor exigen hoy en día que sus proveedores demuestren una huella de carbono verificable. Un esquema de incentivos fiscales debidamente estructurado habría permitido que las pequeñas y medianas empresas cumplieran con estas demandas internacionales sin asumir de manera individual la totalidad de la carga financiera.
La falsa dicotomía entre recaudación e inversión
Durante los debates presupuestarios, suele esgrimirse una postura recurrente: el Estado no puede prescindir de recursos tributarios. Aunque este argumento es legítimo, resulta insuficiente. Es cierto que cualquier beneficio fiscal representa un costo recaudatorio inicial, pero el verdadero dilema radica en determinar si dicha inversión se compensa con un incremento en la actividad económica, la generación de empleos, la reducción de externalidades negativas y mayores ventajas competitivas.
Un estudio riguroso debería ponderar el costo fiscal frente al impacto esperado en la inversión y los ahorros a mediano plazo en infraestructura ambiental y salud pública. Descartar una herramienta de este tipo sin un análisis técnico previo constituye un error equiparable a implementarla sin controles adecuados.
Asimismo, la discusión sobre el cambio climático en el país suele concentrarse exclusivamente en grandes proyectos energéticos, dejando de lado a la pyme manufacturera, sector que aporta una porción significativa del empleo nacional pero cuenta con los márgenes de inversión más limitados. Sin un instrumento fiscal accesible, la modernización tecnológica queda reservada únicamente para los corporativos que disponen de capital propio.
Hacia una coherencia económica sostenible
Reconocer la necesidad de estos mecanismos no exime la urgencia de diseñar reglas estrictas. Los instrumentos fiscales de carácter ambiental exigen filtros rigurosos de elegibilidad, auditorías transparentes y revisiones periódicas para evitar distorsiones o beneficios injustificados. No obstante, el debate técnico necesario para perfeccionar la propuesta era viable dentro del Poder Legislativo.
La competitividad industrial y la transición ecológica no son metas contrarias. En un contexto global donde las cadenas de suministro de Norteamérica se transforman y la competencia asiática se intensifica, la capacidad de garantizar una producción sostenible se perfila como un requisito indispensable para captar capitales. Para atraer nuevas inversiones, el Estado requiere una coherencia fiscal que, en esta ocasión, estuvo ausente.
