Pocas agrupaciones gozan de tan polémica relevancia política y social en nuestro país como las uniones de trabajadores de la educación. Nadie les resta su importancia estructural por el papel que desempeñan en la formación de los niños –el futuro de México–, al mismo tiempo que nadie deja de reprocharles su beligerancia cada vez que el gobierno ha intentado profesionalizar su trabajo y retomar el control de la preparación que reciben nuestros hijos.
Andrés Manuel López Obrador entendió la conveniencia electoral de adherirse a los reclamos del magisterio, como lo han hecho otros candidatos ganadores en las últimas décadas. Antes de las elecciones de 2018, pregonó por todos los puntos cardinales la demanda del magisterio contra las injusticias que arrojaba la evaluación educativa derivada de lo que él mismo etiquetó como “la mal llamada reforma educativa”.
Paradójico resulta hoy que la reforma judicial que ese mismo expresidente impulsó antes de concluir su período de gobierno contemple mecanismos a través de los cuales el Órgano de Administración Judicial definirá cómo se evaluará el conocimiento y el desempeño de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Las exigencias del magisterio ante la reforma educativa concebida en el seno del Pacto por México resuenan a través de las que escuchamos el viernes 6 de noviembre, cuando estalló un paro de labores en decenas de sedes del Poder Judicial de la Federación, en al menos diecisiete entidades. Miles de secretarios, actuarios y oficiales judiciales reclamaron el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial, que regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial.
El Acuerdo encuentra su génesis en la reforma constitucional al Poder Judicial publicada en septiembre de 2024, que modificó, entre otros, el artículo 100; de ahí que derive directamente del cambio de régimen que encabeza Morena. Su espíritu contradice en esencia los principios de campaña que difundió estridentemente su fundador.
La denuncia de los trabajadores encuentra sustento en la indeterminación del Acuerdo respecto de la calificación que debe acreditarse en el examen. El texto deja a la Escuela Nacional de Formación Judicial definir la calificación aprobatoria y no es claro cómo se relaciona ésta con la escala de cero a cien puntos, en la que menos de sesenta significa un desempeño insuficiente. Si bien el primer ejercicio serviría para identificar necesidades de capacitación, el Acuerdo prevé evaluaciones ordinarias posteriores en las que un resultado insuficiente podría conducir a la separación del cargo conforme a la Ley de Carrera Judicial. Junto a su finalidad formativa, la evaluación podría abrir la posibilidad de un despido.
En apenas dos días, y a partir del llamado al diálogo del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, la diferencia comenzó a encauzarse: en la noche del sábado 7, la Suprema Corte de Justica, el Órgano de Administración Judicial y los sindicatos acordaron modificar el Acuerdo para eliminar las disposiciones con efectos sancionatorios o de separación del cargo, suprimir las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares, y modificar los porcentajes de los criterios con componentes de subjetividad. La solución, sin embargo, es todavía un compromiso que deberá concretarse en un nuevo Acuerdo que se publicará en el Diario Oficial.
Con independencia de la coyuntura, la discusión remite a una cuestión de principio: quien acepta ejercer una función pública asume la obligación de desempeñarla con profesionalismo y honradez, y no sólo por razones morales, pues el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a las personas servidoras públicas a observar esos principios y a conocer y cumplir las disposiciones que regulan sus funciones. La exigencia es mayor en las áreas que más tocan la vida de los particulares –la salud, la educación, el transporte aéreo, la seguridad y la justicia–, cuyas leyes establecen requisitos de calificación, como título y cédula para ejercer la medicina, o licencia y certificado de aptitud para el personal técnico aeronáutico, o cédula, buena reputación y calificaciones sobresalientes para llegar a ser Ministro de la Suprema Corte. Son, sin embargo, requisitos de acceso: dicen quién puede ingresar, no qué tan bien desempeña su función quien ya está dentro. De ahí que resulte necesario evaluar al servidor público en el empleo.
Ahora bien, la exigencia de la evaluación no puede convertirse en una herramienta de hostigamiento, como lo demandan los trabajadores del Poder Judicial. El artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución, dispone que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, y el décimo transitorio de la reforma de 2024 ordena respetar en su totalidad los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial. La estabilidad no es un privilegio frente a la evaluación; es una garantía frente a la arbitrariedad de la que dependen la seguridad y el plan de vida del trabajador y, con ellos, los de su familia.
Las reformas aprobadas en administraciones tan antagónicas como las de Peña Nieto y López Obrador dejan un claro postulado: el servicio público especializado justifica su profesionalización, y la evaluación es un elemento clave que debe institucionalizarse. Según el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en su Opinión 17, los criterios y consecuencias de la evaluación de los juzgadores deben fijarse en la ley y ser objetivos y principalmente cualitativos, y una evaluación desfavorable no debe conducir por sí sola a la destitución, salvo incapacidad objetivamente probada y con garantías procesales.
Deberían adoptarse los principios ya experimentados por sistemas democráticos más consolidados, a los que bien podríamos agregar un escalonamiento de la cadena de actos que conforman la función jurisdiccional integral, que podría constituir un sistema de capacitación por sí mismo, en el que esa incapacidad objetivamente probada se traduzca en una disminución de nivel y no en un simple despido.
A la postre, debemos reconocer algo: México exige a sus servidores públicos una función profesional y de excelencia; el método fiable para estimularla pasa por su evaluación periódica, su actualización y su capacitación.
