Demanda contra la dilación ministerial
Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha decidido llevar su caso ante los tribunales federales mediante la presentación de un juicio de amparo. El recurso legal tiene como propósito principal reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la prolongada demora en definir si procederá penalmente o cerrará una indagatoria que comenzó formalmente en el año 2023.
De acuerdo con los registros judiciales, el recurso constitucional fue promovido el pasado 11 de septiembre ante un juzgado federal con sede en la materia penal dentro de la Ciudad de México. En la demanda se señala de manera directa al agente del Ministerio Público de la Federación, quien funge como titular de la Célula I-7 perteneciente a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), debido a su presunta inacción para dictaminar el rumbo definitivo del expediente.
Detalles del expediente y radicación
La carpeta de investigación que motiva este procedimiento judicial se encuentra registrada bajo el número FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023. No obstante, los datos disponibles de manera pública en el expediente de amparo no especifican el origen exacto de esta indagatoria ni esclarecen cuál es la condición legal o la calidad con la que Pío López Obrador participa dentro de la misma.
El conocimiento del asunto fue asignado a la jueza Gabriela Sandoval Saavedra, quien encabeza el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la capital del país. Mediante un acuerdo oficial difundido el 17 de septiembre a través de la plataforma digital del Órgano de Administración Judicial, se estableció que las notificaciones dirigidas al promovente se realizarían por la vía electrónica.
🟢Pío López Obrador acusa dilación de la FGR y promueve amparo
Pío López Obrador acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de incurrir en dilación al no determinar si ejercerá o no acción penal dentro de una investigación iniciada en 2023.
El hermano del expresidente… pic.twitter.com/rwAUBRY57g
— Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2026
Hasta el momento, la documentación judicial accesible no especifica si la demanda de garantías fue formalmente admitida a trámite ni si la autoridad jurisdiccional otorgó alguna clase de suspensión o medida cautelar. El eje central de la solicitud radica estrictamente en obligar a la representación social a emitir una resolución sobre el ejercicio o la abstención de la acción penal en la investigación iniciada hace tres años.
Antecedentes de carácter electoral
Este nuevo recurso legal se presenta poco después de que concluyeran otros procedimientos de índole electoral en los que también estuvo involucrado Pío López Obrador. Dichos expedientes tuvieron su origen en los videos difundidos públicamente en 2020, los cuales mostraban al familiar del exmandatario recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, personaje que en aquel periodo mantenía vínculos cercanos con la administración federal.
Aquellas grabaciones, correspondientes a eventos acaecidos en 2015, propiciaron múltiples denuncias por probables infracciones a la normatividad electoral. Como resultado, en octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) decretó el no ejercicio de la acción penal en una de las carpetas vinculadas a los implicados.
Años más tarde, el 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad una determinación previa del Instituto Nacional Electoral (INE). En dicha resolución se concluyó que no existían los elementos probatorios indispensables para comprobar la comisión de una falta electoral por parte de Pío López Obrador.
Sin embargo, las autoridades judiciales han aclarado que el fallo en materia electoral no condiciona ni dicta el destino de la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023, ya que se trata de una indagatoria completamente independiente y con un cauce legal distinto. Por ahora, el reclamo legal se circunscribe a exigir a la instancia procuradora de justicia que cumpla con su obligación de definir la posición procesal de Pío López Obrador y ponga fin a la incertidumbre jurídica de la investigación.
