Morena evalúa la expulsión de Rubén Rocha Moya tras su cuestionado retorno al poder en Sinaloa

Evaluación de medidas disciplinarias en el partido oficialista

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha comenzado a analizar la posible aplicación de sanciones severas, que podrían incluir la expulsión definitiva de sus filas, en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida de Sinaloa. La medida surge a raíz de la decisión del político de retomar brevemente sus funciones públicas bajo lo que la dirigencia calificó como una determinación estrictamente de índole personal.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en las instalaciones del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, Citlalli Hernández, quien encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de la fuerza política, detalló que el retorno temporal careció de aval institucional y generó fricciones internas inmediatas en la estructura partidista.

“Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y se está investigando de cualquier delito”, puntualizó la representante partidaria al referirse al escenario jurídico y político que rodea al mandatario estatal.

El contexto de las indagatorias y la presión internacional

La controversia en torno a la figura de Rocha Moya se intensificó notablemente hace casi cuatro meses, periodo en el cual el funcionario se había apartado temporalmente del cargo. Su separación inicial ocurrió luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera formalmente en una indagatoria judicial dirigida contra doce políticos, funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se les atribuyen presuntos nexos con el crimen organizado.

Ante la gravedad de los señalamientos y el impacto de su reincorporación fugaz, la dirigencia nacional recordó que los estatutos internos facultan a los órganos de disciplina para actuar frente a conductas que contravengan los principios del movimiento. A través de un pronunciamiento emitido en su cuenta personal de la red social X, la senadora profundizó en el alcance de estos mecanismos de control interno.

“Cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuando existan elementos para ello”, precisó la legisladora, añadiendo que “Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados. Investigar no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie. Precisamente para eso existen procedimientos, reglas y garantías”.

Rechazo generalizado y nueva administración interina en Sinaloa

La reaparición de Rocha Moya al frente de la administración estatal generó un rechazo unánime en los círculos de poder, lo que derivó en que, pocas horas después de haber retomado sus funciones, anunciara nuevamente su separación del cargo para evitar mayores turbulencias políticas en la región.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó con firmeza la decisión del gobernador, señalando de manera directa que ningún servidor público puede anteponer intereses particulares al bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía, recordando además que los puestos de elección popular son temporales y están sujetos al servicio público.

Como resultado de esta reconfiguración institucional, el Congreso del Estado de Sinaloa designó este martes 25 de agosto a Graciela Domínguez, quien se desempeñaba como diputada con licencia, para asumir la titularidad del Poder Ejecutivo local en calidad de gobernadora interina y dar cauce administrativo a lo que resta del periodo.

Al ser cuestionada sobre este nombramiento durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal respaldó la llegada de la nueva mandataria estatal y destacó su trayectoria dentro de los movimientos sociales.

“Ella es una mujer honesta, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. Vamos a apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo”, expresó la mandataria federal al fijar la postura del gobierno federal frente a la transición en el estado.

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