En mayo de 1993, mientras México, Canadá y Estados Unidos se encontraban en plena negociación de los acuerdos paralelos en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente, que permitirían obtener los votos demócratas necesarios para la aprobación del TLCAN, y el multimillonario Ross Perot buscaba sabotear las negociaciones, el Centro para la Integridad Pública, un think-tank de tendencias liberales publicó el estudio titulado The Trading Game detallando la compleja y sofisticada campaña de cabildeo del gobierno del presidente Salinas que fue indispensable para lograr la aprobación del tratado en noviembre de ese año.
Aunque el estudio pretendía hacer parecer que el gobierno mexicano estaba tratando de comprar la aprobación del tratado, el director del proyecto Charles Lewis declaró que la campaña no infringió ninguna ley y que sin ella probablemente el acuerdo hubiera sido rechazado en la Cámara Baja, en donde había una gran oposición. Por su parte, Pat Choate, un economista cercano a Perot y autor de estudios sobre la influencia de Japón en Estados Unidos, dijo que la campaña mexicana representaba interferencia en las decisiones políticas de esa nación.
El gobierno mexicano hizo un gasto millonario en la contratación de asesores políticos y servicios de relaciones públicas que permitieron armar y desarrollar la estrategia, identificar legisladores y organismos que apoyaran a México, establecer redes con las principales organizaciones del sector privado y ayudar a que la perspectiva de México fuera entendida por los principales medios de comunicación. Y de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, todo se registró ante el Departamento de Justicia, que requiere que cualquier gobierno o empresa que contrate servicios de representación ante el Congreso debe declarar el monto del contrato, su duración y las actividades a desarrollar. En las reuniones con legisladores de Estados Unidos siempre fueron funcionarios mexicanos quienes intervinieron en nombre del país.
El control que tendrán los demócratas de ambas cámaras del Congreso a partir de enero, implica que los nuevos líderes de cada una de ellas pertenecerán a este partido y que presidirán todos los comités legislativos, lo que les permitirá establecer su propia agenda durante los próximos dos años. Hasta ahora, el presidente estadounidense se benefició de tener una pequeña mayoría en ambas cámaras que le permitió implementar su programa de trabajo, sobre todo en materia comercial y fiscal, con un grado mínimo de interferencia del Capitolio, por lo que el gobierno mexicano negoció con el Representante Comercial y con el secretario de Comercio ignorando al Congreso, que tiene la atribución de establecer la política fiscal y arancelaria en ese país.
Es un error pensar que una mayoría demócrata en el Congreso tendrá una actitud más amable hacia México que la de los republicanos. Hasta la fecha, hay consenso entre los congresistas de ambos partidos en dos temas: China es la mayor amenaza para Estados Unidos y México es la principal fuente de fentanilo y de inmigrantes ilegales. Y si nadie habla en favor de México en Washington es en buena parte porque el gobierno mexicano decidió no seguir trabajando con el grupo de apoyo que se creó para la aprobación del TLCAN a partir del 2000, por lo que no se destaca el papel de México como el principal proveedor de esa economía o como el principal comprador de productos estadounidenses.
En cada cámara hay cuatro comités particularmente importantes para México y esta semana conoceremos a quienes encabezarán a la mayoría de estos. En la Cámara de Representantes, el comité responsable del T-MEC es el de Medios y Procedimientos que será presidido por Richard Neal; el de Agricultura por Jim Costa o James McGovern; el de Energía por Frank Pallone; y el de Asuntos Exteriores por Greg Meeks, Greg Stanton o Joaquín Castro. Y en el Senado, el comité responsable del tratado es el de Finanzas que presidirá Ron Wyden; el de Agricultura por Michael Bennet o Cory Booker; el de Energía por Martin Henrich; y el de Relaciones Exteriores por Chris Coons o Chris Murphy y la enorme mayoría de todos ellos ya se han entrevistado con López Obrador o con Sheinbaum. Para destacar el papel que puede jugar el Congreso en los próximos dos años en materia arancelaria, hay que señalar que hasta la fecha, no se ha presentado ninguna iniciativa de ley para reducir o eliminar los aranceles a México, mientras que el Senado ya aprobó dos en favor de Canadá y Brasil.
