Morena condena la captura de Luisa González en Ecuador y denuncia una ofensiva contra la izquierda
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena alzó la voz este día para manifestar su más enérgico rechazo ante la reciente privación de la libertad de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador bajo las siglas de Revolución Ciudadana. A través de un posicionamiento oficial emitido por la fuerza política mexicana, se exigió la inmediata liberación de la política sudamericana, así como garantías estrictas para salvaguardar sus derechos fundamentales y el apego irrestricto al debido proceso dentro de las indagatorias que enfrenta.
En el documento difundido por la dirigencia partidista, Morena expresó su solidaridad con Luisa González y con la ciudadanía ecuatoriana en general. Asimismo, la organización partidista lanzó fuertes señalamientos contra la administración que encabeza el presidente Daniel Noboa, a la cual acusó de instrumentar una campaña sistemática orientada a hostigar a los sectores progresistas y a los movimientos populares de aquella nación sudamericana.
Denuncian uso faccioso de la justicia y recuerdan tensiones bilaterales
La fuerza política mexicana advirtió sobre la existencia de un patrón preocupante en el que se utiliza el aparato de procuración de justicia de manera selectiva. Según el análisis del instituto político, estas prácticas de carácter punitivo buscan debilitar de forma deliberada a los liderazgos de oposición, desarticular las expresiones de organización social y restringir la participación democrática en los procesos electorales futuros.
Del mismo modo, el pronunciamiento trajo a la memoria el episodio diplomático ocurrido en 2024, cuando se desató el asalto a la embajada mexicana en Quito durante los mandatos de Daniel Noboa y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquella incursión policial a la sede diplomática tuvo como objetivo la captura del exvicepresidente Jorge Glas, quien en ese momento se encontraba bajo protección internacional tramitando una solicitud de asilo político tras argumentar ser víctima de hostigamiento judicial en su país natal.
Para la dirigencia partidista mexicana, la situación actual en el país andino refleja un deterioro institucional acelerado. “Las presiones contra jueces, el hostigamiento denunciado por medios críticos y la criminalización de la protesta agravan esta escalada autoritaria. Todo gobierno se debe a su pueblo; quien lo encabeza no es dueño del país”, indicó el comunicado oficial emitido por el partido.
Exigen garantías de seguridad y respeto al debido proceso
Ante el panorama de incertidumbre jurídica que enfrenta la exaspirante presidencial, la fuerza política mexicana insistió en la necesidad de que las autoridades ecuatorianas actúen bajo los estándares internacionales de derechos humanos, priorizando la integridad física de la detenida y permitiendo una defensa legal adecuada que garantice la presunción de inocencia.
“Exigimos la libertad de Luisa González y el cese de la persecución política. Las autoridades ecuatorianas deben garantizar su integridad y seguridad, su acceso efectivo a una defensa y el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Ninguna diferencia política justifica vulnerar estos derechos”, puntualizó el comunicado de la fuerza política.
Contexto de la detención y el caso que investiga la fiscalía
La figura de Luisa González, la excandidata del correísmo en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 en Ecuador, volvió a acaparar los reflectores de la opinión pública internacional tras confirmarse su arresto. La aprehensión se produjo en las primeras horas de la jornada en la localidad rural de Canuto, situada en la provincia costera de Manabí, como parte de las diligencias que encabeza el Ministerio Público por un presunto esquema de financiamiento irregular en su primera postulación presidencial.
González, quien es abogada de profesión y cayó derrotada en los balotajes frente al actual mandatario Daniel Noboa, ha sostenido de manera reiterada que las acusaciones responden a una estrategia impulsada desde el poder Ejecutivo. La excandidata ha señalado directamente al actual gobierno de estar detrás de las diversas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo, buscando inhabilitar políticamente a su movimiento.
Las pesquisas ministeriales en contra de la dirigente y de la estructura partidista de Revolución Ciudadana comenzaron a desarrollarse a principios de año bajo la causa judicial denominada ‘Caja Chica’. En este expediente, la fiscalía imputa a los involucrados los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, bajo la hipótesis de que se habrían utilizado recursos económicos de procedencia ilícita ingresados desde Venezuela para solventar los gastos de la campaña presidencial de 2023.
