21 de noviembre de 2024

Licores, tiendas departamentales, recibos telefónicos, entradas de cine, boletos para espectáculos, regalos lujosos, son algunos de los gastos irregulares que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cargaron a tarjetas de crédito proporcionadas por el Estado.

Con esto, el periodista de Animal Político Zedryk Raziel destapó un nuevo megafraude de corrupción al interior de los tribunales de justicia del país, que implica el derroche de miles de pesos en plena emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, la cual afectó económicamente a toda la sociedad mexicana.

Se detalló que las tarjetas bancarias del TEPJF permiten a los magistrados facturar gastos asociados con su labor como boletos de avión, hoteles y viáticos cuando se encuentren en comisiones de trabajo; sin embargo, durante el periodo (2017-2020) estos las usaron para todo lo que se les ocurrió, desde el pago de despensa hasta servicios de blindaje de autos.

Durante la gestión del magistrado Felipe Fuentes como presidente de la Sala Superior, hubo cargos por 10 mil 877 pesos en La Europea; cargos por 158 mil 818 pesos en Office Depot; más de 30 mil pesos en Ticketmaster; 48 mil 598 pesos en El Palacio de Hierro, por enunciar algunos.

“Por ejemplo, con las tarjetas se hizo un pago de 48 mil 598 pesos en El Palacio de Hierro el 23 de abril de 2020, menos de un mes después de que se declaró la emergencia sanitaria en México por la pandemia de COVID-19”.

Los cargos, que suman cientos de miles de pesos, van en contra del reglamento para el uso de las tarjetas bancarias institucionales del TEPJF, que establece diversas restricciones para evitar el despilfarro de recursos.

Debido a los abusos y excesos cometidos, el Comité de Transparencia del tribunal intentó reservar por cinco años los estados de cuenta, pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revocó esa resolución y le ordenó entregar los documentos íntegros, al determinar que son instrumentos de rendición de cuentas, pues contienen gastos pagados con recursos públicos.

Cabe subrayar que los implicados en este fraude son servidores públicos con salarios que sobrepasan los 3 millones de pesos, lo que pone en tela de juicio su integridad como despachadores de justicia.

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