Los ocho exfuncionarios vinculados a proceso por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 podrán seguir en libertad, confirmó este miércoles un juez de control durante la audiencia de vinculación a proceso, la cual se extendió por más de 30 horas.
El juez José Luis Fernández Palacios ratificó que los procesados deberán realizar una firma periódica cada 60 días, además del retiro de su pasaporte para que no puedan salir del país y la prohibición de acercarse a las víctimas.
Los exservidores públicos tenían una ‘responsabilidad clara indubitable’: Fiscalía
El vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara López, aseguró en un mensaje a medios que el Ministerio Público señaló en sus imputaciones que los exfuncionarios de Proyecto Metro vinculados a proceso tenían una responsabilidad en el colapso del tramo elevado de la Línea 12.
Al finalizar la audiencia inicial, la tarde de este miércoles, Lara López informó que se presentaron pruebas científicas de que los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la planeación de la llamada Línea dorada, de 2006 a 2012, tenían responsabilidad en el desplome que ocasionó la muerte de 26 personas y más de cien lesionados, el 3 de mayo de 2021.
“Las imputaciones, realizadas por esta fiscalía, señalan que los exservidores públicos tenían una responsabilidad clara indubitable, contaban con el nivel de mando, la expertise necesaria y un conocimiento amplio del tema en cuestión y fue así que nuestros ministerios públicos presentaron ante la autoridad judicial diversos datos de prueba obtenidos de investigaciones científicas irrefutables que forman parte de la teoría del caso”, dijo Lara López en su mensaje.
El vocero de la FGJCDMX también indicó que el Ministerio Público continuará con las indagatorias durante los seis meses de investigación complementaria que decretó el juez de control, José Luis Palacios Fernández.
Durante más de un año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentó imputar los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad a 10 personas, nueve exfuncionarios y un representante del consorcio supervisor de la obra.
En total, ocho audiencias fueron diferidas por diferentes razones y fue hasta el jueves pasado que el juez de control, José Luis Palacios Fernández, decidió que de los 10 involucrados, ocho serían imputados, ya que uno de ellos no pudo acudir a la diligencia por tener Covid-19 y la defensa del otro no se encontraba preparada para la audiencia, por lo que éstos serán imputados en agosto.
El abogado Teófilo Benítez, asesor jurídico de 13 víctimas, intentó que estas medidas fueran modificadas, pero el juez no admitió su petición.
“Vamos a solicitar algunas otras (medidas cautelares), una de ellas, por ejemplo, es que se les ponga un brazalete, pues se nos hace una burla tener una medida cautelar en la que te presentes una vez cada 60 días y tomando en consideración su edad (de los imputados), es mejor que les pongan un brazalete para que estén siempre a disposición del juzgador”, dijo Teófilo Benítez la madrugada de este miércoles.
La audiencia inició a las 8:00 horas del martes 19 de julio y concluyó poco después de las 15:00 horas de este miércoles. Durante este lapso, el juez decretó ocho recesos, uno de ellos de dos horas para definir la situación jurídica de los imputados, sin embargo, se alargó a cuatro horas con 40 minutos, lo que viola el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales que apunta que los recesos son máximo de dos horas
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