Líder del PRI recurre a la ONU para denunciar supuesta persecución política y censura en México

El dirigente priista traslada su ofensiva política al escenario internacional

En una nueva jugada dentro de su estrategia de presión externa, el dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas decidió llevar formalmente sus reclamaciones contra el actual gobierno federal hasta las más altas esferas de la diplomacia global. El político opositor formalizó este jueves una queja jurídica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la cual busca encender las alertas internacionales respecto a lo que califica como un clima de hostigamiento institucional y vulneración de los derechos fundamentales en territorio mexicano.

Mediante un mensaje difundido a través de sus canales digitales, el líder partidista detalló que el expediente fue ingresado directamente en la sede principal del organismo multilateral situada en la ciudad de Nueva York, estando dirigido de manera directa al secretario general de la institución, António Guterres. De acuerdo con los argumentos expuestos por el legislador, la administración federal actual incurre de manera reiterada en el incumplimiento de diversos convenios y normativas de carácter transnacional, entre los que sobresaltan los preceptos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.

Señalamientos sobre censura institucional, control de telecomunicaciones y crisis de desapariciones

El pliego acusatorio presentado por el representante del tricolor concentra diversos puntos críticos sobre la situación política y social del país. Entre los agravios expuestos destaca la presunta instrumentación, por parte de dependencias gubernamentales, de expedientes y registros destinados a vigilar a voces críticas, figuras del periodismo, corporativos informativos y colectivos ciudadanos que disienten de la línea oficial, obstaculizando de este modo el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, el político denunció la existencia de prácticas orientadas a coartar la pluralidad ideológica y a incidir de manera directa en los contenidos informativos que consume la ciudadanía. A este panorama de presunta vulneración democrática, el dirigente sumó medidas gubernamentales recientes como la exigencia de aportar datos biométricos para registrar líneas telefónicas, así como la persistente y compleja crisis de desapariciones forzadas que afecta a múltiples regiones de la nación. Para el senador, el conjunto de estas acciones refleja un proceso acelerado de concentración de facultades que pone en riesgo las instituciones republicanas.

Acusaciones de vínculos con la delincuencia y acciones previas ante Estados Unidos

Dentro de los señalamientos más severos formulados por el presidente del Partido Revolucionario Institucional figuran los cuestionamientos hacia autoridades vinculadas con el movimiento gobernante, a quienes acusó de mantener una supuesta colusión con los cárteles del crimen organizado. Adicionalmente, criticó la autonomía de los árbitros democráticos, centrando sus críticas en el Instituto Nacional Electoral (INE), al argumentar que existe un proceso encaminado a desmantelar los contrapesos constitucionales.

Para respaldar su postura, el dirigente enfatizó la disposición de su fuerza política para sostener la confrontación institucional en todos los escenarios posibles: “Desde el PRI vamos a dar la batalla dentro y fuera de México, ante todas las instancias que sean necesarias”, aseveró, advirtiendo que su agrupación no permanecerá pasiva ante los derroteros políticos actuales.

Este movimiento ante la diplomacia global guarda estrecha relación con las acciones emprendidas previamente por el legislador. Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, el dirigente tricolor se presentó ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el propósito de activar la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Dicha solicitud estuvo dirigida contra tres integrantes del consejo general del órgano electoral —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga— a raíz de las sanciones impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto que le ordenaron retirar contenidos donde calificaba a su adversario político como “narcopartido”.

En aquella ocasión, el representante partidista ya había anticipado su intención de escalar sus demandas ante múltiples foros internacionales, tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en que las estructuras electorales mexicanas operan bajo consigna oficial.

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