Las contradicciones iniciales en torno al homicidio del exrector sinaloense
La captura de Fausto ‘N’, colaborador cercano de Héctor Melesio Cuén, representa el primer arresto relevante dentro de un expediente que acumuló un prolongado estancamiento institucional. Las indagatorias apuntan a que este individuo presenció tanto el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa como la privación de la libertad de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, eventos violentos perpetrados el 25 de julio de 2024.
Durante sus primeras comparecencias ministeriales, Fausto ‘N’ respaldó puntualmente la narrativa oficial que las instancias locales validaron en un inicio: que el académico perdió la vida a causa de un asalto armado en una estación de servicio ubicada en Culiacán. No obstante, la Fiscalía General de la República lo imputa formalmente por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones, bajo la premisa de que el testigo ocultó la verdad de los hechos.
La versión gubernamental original comenzó a fracturarse debido a profundas incongruencias forenses. El cadáver presentaba cuatro heridas de bala, mientras que los registros fílmicos de la gasolinera únicamente documentaban una detonación. A esto se sumaron irregularidades severas en la preservación de la escena, el manejo del automóvil y la cremación anticipada del cuerpo sin que concluyeran los dictámenes periciales indispensables.
El castillo de naipes institucional colapsó definitivamente el 10 de agosto de 2024, cuando se difundió una misiva atribuida a ‘El Mayo’ Zambada en la que denunció haber sido emboscado en el rancho Huertos del Pedregal precisamente el día del asesinato de Cuén. Posteriormente, las pruebas científicas de la FGR hallaron rastros hemáticos del político en dicho inmueble, confirmando que la teoría del asalto constituía un montaje.
Figuras centrales y funcionarios bajo la lupa judicial
La entonces titular de la procuración de justicia estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, validó públicamente la hipótesis del atraco en la estación de carburantes. Sin embargo, presentó su dimisión el 15 de agosto de 2024, un día después de que el organismo federal exhibiera las múltiples fallas técnicas y contradicciones de la pesquisa local.
A través de una publicación en sus perfiles de redes sociales, Quiñónez Estrada aseguró que “se hicieron las cosas bien”, pero que se retiraba del cargo para “no entrar en controversias que puedan afectar la carpeta de investigación”.
Segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna me retiro del cargo.
— Sara Bruna Quiñónez Estrada (@quinonez_bruna) August 16, 2024
En aquel entonces, el gobernador Rubén Rocha Moya calificó la salida como un gesto honorable. El mandatario estatal también fue mencionado en la correspondencia del cofundador del Cártel de Sinaloa como un presunto invitado a la junta donde ocurrieron los crímenes. Tras reincorporarse a sus funciones al frente de la administración estatal, el político reiteró su inocencia mediante un mensaje público donde afirmó haber retomado sus responsabilidades con la frente en alto.
“No he cometido ningún delito, de acuerdo con el marco constitucional y legal de nuestro país”, aseguró el gobernador de Sinaloa.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena zanjaron la discusión al precisar que el retorno a la gubernatura obedeció estrictamente a una determinación de carácter personal.
Mandos policiales y exfuncionarios con paraderos inciertos o acusaciones internacionales
Otro de los expedientes abiertos corresponde a José Rosario Heras López, conocido como el comandante Chayo, quien se desempeñaba como agente activo de la policía judicial con más de dos décadas de trayectoria. De acuerdo con los testimonios del caso, figuraba como uno de los guardaespaldas que custodiaban al capo durante su ingreso al predio donde se consumó la celada.
Pese a que las autoridades estatales confirmaron su adscripción institucional y su supuesta condición de descanso en la fecha de los sucesos, sus familiares interpusieron una denuncia por desaparición tres días después. Hasta el momento, su paradero continúa siendo un misterio para las corporaciones de seguridad.
El entramado político y judicial también salpicó a Dámaso Castro Zaavedra, quien asumió temporalmente la titularidad de la fiscalía local tras la dimisión de su antecesora. En abril de 2026, una investigación del Departamento de Justicia estadounidense lo señaló, junto con el mandatario estatal y otros servidores públicos, por supuestos vínculos operativos con la facción delictiva de Los Chapitos.
Según la acusación formal del gobierno extranjero, Castro habría percibido remuneraciones mensuales cercanas a los 11 mil dólares a cambio de brindar protección institucional e inhibir acciones operativas contra laboratorios clandestinos. Seis días después de revelarse los señalamientos, el funcionario solicitó su separación definitiva del cargo.
Con la reciente captura de Fausto ‘N’ en la Ciudad de México por parte de las autoridades federales, la investigación da un paso significativo para esclarecer la red de complicidades, omisiones y mentiras que rodearon el secuestro de Ismael Zambada y el homicidio de Héctor Melesio Cuén.
