La Conferencia Episcopal interviene en la crisis sanitaria y cuestiona la postura fiscal del gobierno

En medio de una escalada de tensiones que mantiene en vilo al sistema de salud, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un pronunciamiento contundente en el que advierte que la atención médica «no admite postergaciones» y cuestiona con dureza la gestión presupuestaria del Ejecutivo frente a los reclamos del sector profesional.

El posicionamiento eclesial llega en un momento de alta sensibilidad social, marcado por la disputa salarial que impulsa el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y la reticencia de la administración central a conceder las mejoras solicitadas, un escenario que podría derivar en una nueva huelga de proporciones en los centros asistenciales del país.

Un llamado a la equidad y a la responsabilidad presupuestaria

A través de un documento oficial, los obispos señalaron que el acceso a un empleo en condiciones justas no puede subordinarse a las fluctuaciones de las cuentas públicas. Para la Iglesia, «un salario digno es aquel que no obliga a nadie a subsidiar con su propio bolsillo el servicio que presta el Estado. Eso no es un lujo, es un umbral mínimo».

Asimismo, el texto episcopal profundiza en la necesidad de aplicar criterios éticos en la asignación de los recursos públicos, exigiendo una mayor reciprocidad a los funcionarios de alto rango: «Y la justicia salarial exige, además, coherencia: quienes deciden sobre el presupuesto deberían poder aplicarse a sí mismo el mismo criterio de austeridad y transparencia que piden a los demás».

Desde la perspectiva de la CEP, las asignaciones financieras no responden a variables inalterables de la naturaleza, sino a decisiones políticas deliberadas. Por ello, lamentaron que el debate público se reduzca exclusivamente a discusiones aritméticas, desatendiendo el fondo de la problemática social.

El trasfondo del conflicto y la respuesta del Ejecutivo

La intervención de la jerarquía católica se produce en la antesala de una asamblea clave convocada por el gremio médico para definir los pasos a seguir, tras una semana de protestas que incluyó la renuncia masiva de más de 300 profesionales en distintos puntos del territorio nacional.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, había confirmado previamente la asignación de USD 760 millones destinados a la adquisición de fármacos e insumos esenciales, aunque mantuvo su negativa rotunda frente a las demandas de reajuste salarial planteadas por Sinamed. En paralelo, la ministra de Salud, María Teresa Barán, abogó por la implementación de una carrera meritocrática, una propuesta que no figuraba entre las prioridades exigidas por los trabajadores del sector.

A pesar de la gravedad institucional de la crisis y del impacto generado por las dimisiones en masa, el presidente Santiago Peña intentó aplacar el malestar a través de un mensaje difundido en la red social X, donde enumeró supuestos avances en materia de infraestructura y abastecimiento de medicamentos, soslayando los reclamos en torno al salario base y al detalle de los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación.

Acciones legislativas y expectativas gremiales

En respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sindicales y el respaldo explícito de la Iglesia —surgido a raíz de un encuentro previo entre el mandatario y la cúpula eclesiástica donde se reclamó mayor atención a las políticas sociales—, el ámbito político legislativo comenzó a moverse.

Durante la jornada, el oficialismo constituyó formalmente una comisión especial en el Senado destinada a investigar posibles irregularidades tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto de Previsión Social (IPS). Dicha instancia legislativa quedó conformada por los senadores Dionisio Amarilla, Natalicio Chase, Antonio «Tony» Barrios, Lizarella Valiente, Lilian Samaniego y Esperanza Martínez.

Mientras tanto, los profesionales de la salud nucleados en el IPS se congregaron este martes en las instalaciones del Hospital Central para manifestar su solidaridad con los colegas dimitentes del Ministerio de Salud. Desde el gremio médico aseguraron que mantendrán canales de diálogo, aunque ratificaron su firmeza en la defensa de sus derechos laborales básicos.