Juez vincula a proceso a cuatro personas tras disturbios por crisis hídrica en Jalisco
Tras una prolongada audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el poder judicial determinó la vinculación a proceso de cuatro individuos implicados en los altercados ocurridos durante una manifestación ciudadana. La resolución fue emitida por el Juez Sexto Penal con sede en Puente Grande, Francisco Castellanos, quien imputó a los procesados los delitos de lesiones y agresiones contra representantes de la autoridad.
Los ciudadanos afectados por esta medida legal son Teodoro Torres, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán y Samuel Morales. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, estas personas participaron en la protesta del pasado 11 de octubre, la cual derivó en choques físicos entre civiles inconformes y elementos de la policía estatal en el perímetro exterior de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Condiciones cautelares y plazos legales
A pesar de haber sido formalmente vinculados a proceso por los ilícitos señalados, los cuatro imputados obtuvieron el beneficio legal de enfrentar el juicio en libertad. Como parte de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, deberán cumplir con la obligación de presentarse a firmar de manera periódica en el juzgado durante un periodo de seis meses.
Asimismo, el juez de la causa fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto la fiscalía como la defensa aportarán los elementos probatorios necesarios para esclarecer los hechos ocurridos durante la jornada de movilización.
Defensas acusan presuntas anomalías y agresiones
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, los equipos legales de los acusados expusieron diversas anomalías y presuntas violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los jóvenes, documentando supuestos actos de tortura perpetrados durante y después de los arrestos, además de señalar contradicciones en los informes policiales de detención y una notoria escasez de evidencias materiales que sustenten las acusaciones.
Al respecto, Raúl Ernesto Villalvazo, abogado defensor de Teodoro Torres, indicó que su equipo valora la posibilidad de interponer recursos legales adicionales en contra de la resolución judicial o proceder con denuncias formales por los malos tratos denunciados. “Esa decisión nosotros sí la tenemos… ya sea que la apelemos ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco o nos vayamos a un juicio de garantías”, expresó el litigante.
Por su parte, la abogada Sandra Millán, quien asume la representación jurídica del repartidor Samuel Morales y del activista Juan Darío Muñoz, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía al señalar la ausencia de registros audiovisuales que incriminen a sus defendidos en actos de violencia contra los agentes policiales, argumentando que dichos materiales permanecen bajo un estricto régimen de reserva. “Ningún reportero debería de tener acceso a ellos”, puntualizó, al tiempo que recalcó que dichos registros no formaron parte del debate procesal.
Investigaciones internas contra elementos policiales
Tras concluir la diligencia judicial, los implicados abandonaron las instalaciones de los juzgados sin emitir posicionamientos ante los medios de comunicación congregados en el lugar. En paralelo a la situación jurídica de los manifestantes, la dependencia de procuración de justicia estatal informó sobre la apertura de 14 carpetas de investigación dirigidas a esclarecer posibles excesos y abusos de autoridad cometidos por policías estatales durante el operativo de contención de la manifestación.
Como parte de estas indagatorias administrativas, un grupo de 17 elementos de la corporación policial fue separado temporalmente de sus funciones operativas y enfrenta procedimientos sancionadores a cargo de la dirección de Asuntos Internos, con el propósito de deslindar responsabilidades institucionales por los hechos violentos registrados en torno al conflicto por el abastecimiento de agua.
