Intervención telefónica de Estados Unidos revela red internacional de fentanilo ligada al Cartel de Sinaloa
Una meticulosa intervención de las comunicaciones telefónicas llevada a cabo por agencias de seguridad de Estados Unidos ha permitido desentrañar con precisión la compleja red logística y financiera de José Ángel Rivera Zazueta, conocido en el mundo del hampa como ‘El Flaco’. Este individuo, identificado como un operador estratégico de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa, fue capturado recientemente en la capital del país bajo cargos federales que buscan su extradición inmediata a territorio norteamericano.
El expediente judicial detalla que los trabajos de inteligencia contaron con una cooperación internacional sin precedentes, en la cual participaron activamente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida mundialmente como la DEA, y la Guardia Costera de Taiwán. Gracias a esta alianza estratégica, los analistas lograron seguirle la pista al trasiego masivo de precursores químicos esenciales para la fabricación de fentanilo, los cuales eran enviados desde diferentes puntos del continente asiático directamente hacia la República Mexicana.
La ruta asiática del fentanilo y el rol de José Ángel Rivera Zazueta
De acuerdo con la información contenida en los documentos de extradición, ‘El Flaco’ asumía la responsabilidad directa de coordinar y financiar el envío de cargas ilícitas destinadas a las células operativas que respondían a sus órdenes en suelo mexicano. La investigación descubrió una ruta de suministro perfectamente estructurada que conectaba de manera directa a China y Taiwán con México, utilizando como estrategia vuelos comerciales que realizaban escalas técnicas en la ciudad de Anchorage, Alaska.
Los investigadores estadounidenses lograron documentar que, en el periodo comprendido entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, se realizaron envíos sistemáticos de 4-AP, un compuesto químico fundamental en la cadena de producción del fentanilo. Las escuchas telefónicas obtenidas legalmente sirvieron para conectar las conversaciones de los sospechosos con dos aseguramientos históricos de sustancias ilegales llevados a cabo en el estado de Alaska durante el año 2020.
El primer golpe a esta estructura logística ocurrió el 5 de agosto de 2020, cuando los oficiales estadounidenses incautaron 25 kilogramos de la sustancia química en Anchorage. Meses más tarde, el 20 de noviembre de ese mismo año, se concretó el aseguramiento de un segundo cargamento idéntico. Los reportes oficiales indican que ambos lotes de precursores químicos habían sido adquiridos originalmente en Hong Kong y que, de acuerdo con las llamadas interceptadas entre presuntos colaboradores, tenían como destino final la Ciudad de México.
Sanciones financieras y la caída en la Ciudad de México
El cerco internacional sobre este capo no se limitó al ámbito del narcotráfico. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas formales contra ‘El Flaco’ debido a su presunto apoyo financiero a estructuras criminales y su participación en el tráfico internacional de cocaína procedente de Colombia con destino a diversas naciones.
La presión internacional culminó el 22 de septiembre de 2026, fecha en la que José Ángel Rivera Zazueta fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden provisional de captura con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense.
Posteriormente, un juez federal adscrito al Reclusorio Oriente dictó el auto de formal prisión y ordenó su reclusión en dicho centro penitenciario, otorgando un plazo improrrogable de 60 días naturales para que el gobierno norteamericano formalice la petición de extradición y entregue los elementos probatorios necesarios.
Implicaciones políticas y redes de complicidad
El caso ha tomado matices políticos de relevancia tras las acciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las autoridades financieras estadounidenses revelaron medidas punitivas contra 21 personas vinculadas a esta red, sobresaliendo los nombres de Rafael Buenrostro Martín y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Según la información difundida por el Departamento del Tesoro, Buenrostro habría utilizado su influencia y otorgado diversos favores políticos con el propósito de blindar y facilitar las operaciones ilícitas atribuidas a la estructura criminal comandada por Rivera Zazueta.
