América Latina y el Caribe enfrentan el reto mayúsculo de captar fondos privados para modernizar sus redes de transporte, un proceso que va más allá de la simple captación de recursos económicos. Las autoridades regionales y los organismos multilaterales coinciden en que resulta indispensable simplificar los trámites burocráticos, agilizar los concursos públicos y remover las barreras operativas que históricamente han frenado el desarrollo de obras fundamentales.
Durante un encuentro estratégico celebrado en Miami, representantes de 17 países pusieron sobre la mesa una selección de más de 110 proyectos cuyo valor global supera los US$65.000 millones. Estas iniciativas agrupan obras consideradas prioritarias por los gobiernos locales, con perspectivas reales de salir a concurso público a lo largo de los próximos 18 meses.
La urgencia de cerrar la brecha de infraestructura
Este despliegue responde a una necesidad apremiante frente a las limitaciones de los presupuestos estatales. Para solventar el rezago acumulado y dinamizar la economía regional, la zona requiere destinar aproximadamente el 3,5% de su PIB anual hasta 2030, una cifra que acumulada rebasa los US$1,6 billones. Del total requerido, el sector de transporte concentra por sí solo más de US$630.000 millones.
Ante este panorama, las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo enfatizan que el éxito no radica únicamente en inyectar liquidez, sino en elevar los estándares de gestión. “Aumentar la inversión no es el único objetivo. Hay que invertir mejor”, señaló el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante una rueda de conferencia en el marco del LAC Transport Forum.
Barreras regulatorias y los retos en las licitaciones
Los portafolios presentados por naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otras, abarcan desde la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos hasta redes ferroviarias urbanas y sistemas de metro. Sin embargo, las compañías interesadas suelen advertir sobre los escollos previos a la firma de los contratos.
De acuerdo con el organismo financiero, las corporaciones privadas evalúan minuciosamente las normativas estatales antes de comprometer sus recursos. Los mayores temores recaen en la lentitud para destrabar permisos ambientales y sectoriales, así como en la transparencia y duración de los procesos de adjudicación.
“A veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, la licitación les lleva mucho tiempo, a veces no está muy clara la licitación”, advirtió Goldfajn, subrayando que la previsibilidad jurídica y las reglas claras son determinantes para los mercados.
Para contrarrestar estas deficiencias, la institución multilateral impulsa mecanismos orientados a transformar los estándares de contratación pública. Cálculos de la entidad revelan que la incorporación de un competidor adicional en los procesos concursales puede reducir los precios finales entre un 2% y un 8%. Asimismo, integrar criterios de calidad junto al factor económico permite recortar entre un 5% y un 20% el costo total de los activos durante su ciclo de vida útil.
“Estimamos que podemos aumentar hasta en 35% los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo”, puntualizó el titular del BID.
Estrategias de cooperación internacional y apoyo financiero
Con el propósito de respaldar a los gobiernos en la estructuración de estas iniciativas, el organismo complementa sus acciones con plataformas especializadas orientadas a optimizar la preparación técnica y los marcos contractuales. En este sentido, gobiernos como los de España y Japón han garantizado aportes iniciales por US$2,5 millones en fondos no reembolsables, con la meta de movilizar en el mediano plazo unos US$10 millones adicionales de diferentes donantes para respaldar carteras sectoriales estimadas en US$20.000 millones.
Adicionalmente, las iniciativas de integración fronteriza buscan dinamizar el comercio exterior y reducir drásticamente los tiempos de tránsito en pasos internacionales, replicando casos de éxito donde la burocracia conjunta se ha reducido a la mitad.
En definitiva, el éxito de esta ambiciosa cartera valorada en decenas de miles de millones de dólares dependerá de la capacidad técnica de los países participantes para garantizar transparencia, seguridad jurídica y agilidad institucional en sus próximos procesos de apertura al mercado.
