Modificaciones fiscales y el impacto en los sectores clave
La administración federal ha presentado una iniciativa dentro del Paquete Económico 2027 con la que busca incrementar de manera significativa la recaudación tributaria. Esta medida contempla ajustes al alza en los gravámenes aplicados al aprovechamiento del espacio aéreo, los servicios de navegación y la utilización de la infraestructura ferroviaria en territorio nacional. Como resultado directo de estas disposiciones, las empresas de transporte aéreo y los operadores ferroviarios del sector privado enfrentarán presiones financieras adicionales que repercutirán en sus estructuras de costos.
Dentro de los cambios propuestos a la Ley Federal de Derechos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha establecido una distinción operativa crucial. La normativa contempla eximir de estas modificaciones tarifarias a aquellos proyectos ferroviarios de carga y de transporte de pasajeros que cuenten con menos de 15 años de operación continua en el país.
“Este ajuste aplica solo a aquellos participantes del sector con más de 15 años haciendo uso de este bien público, con el propósito de mantener condiciones que favorezcan la maduración de los proyectos ferroviarios en etapas iniciales de desarrollo, garantizando un sistema ferroviario competitivo, fortaleciendo la conectividad y contribuyendo a la reducción sostenible de los costos de transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional”, menciona en la propuesta de Ley de Derechos.
Gracias a esta cláusula de exclusión, los proyectos ferroviarios estatales que operan bajo supervisión militar, tales como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quedarán libres de este incremento impositivo. En contraste, la totalidad de los concesionarios privados que operan vías férreas en el país deberán asumir el nuevo costo fiscal planteado por el Ejecutivo Federal para el próximo ejercicio fiscal.
Aumento a ferrocarriles privados y la postura de la industria
La propuesta enviada al Poder Legislativo detalla que el gravamen por el uso de vías férreas para carga y pasajeros pasará de 1.25 a 3 por ciento de los ingresos brutos generados por las empresas. La dependencia gubernamental justificó la medida argumentando que este derecho no había sufrido modificaciones durante un lapso prolongado, y que las tasas vigentes en México se ubican por debajo de los promedios observados en otras naciones sudamericanas.
“En países como Colombia, la contraprestación por la explotación de infraestructura ferroviaria puede llegar a ser hasta de 5 por ciento sobre los ingresos brutos generados, mientras que en Argentina se paga una tasa del 3 por ciento y en Brasil esta obligación puede alcanzar hasta el 3.5 por ciento”, detalla la propuesta para modificar la Ley Federal de Derechos del siguiente año.
Frente a este escenario, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) expresó su profunda preocupación ante el encarecimiento de sus operaciones, el cual coincide con la supresión paulatina de diversos incentivos fiscales que merman la liquidez de las compañías.
“Es necesaria la instrumentación de mecanismos que permitan mejorar gradualmente la planeación financiera y de inversiones en una industria intensiva en capital que contribuye de forma relevante al desarrollo del país”, refirió la AMF.
Asimismo, el organismo empresarial enfatizó que el volumen de inversiones de capital realizadas por sus agremiados equivale prácticamente al total de sus utilidades netas. Actualmente, el tren sostiene una cuota de mercado del 27 por ciento en el transporte nacional, operando bajo un entorno de crecientes erogaciones orientadas a salvaguardar la seguridad de las mercancías transportadas y absorbiendo los efectos financieros derivados de la eliminación de estímulos previos.
“Además, a partir de 2019, al ferrocarril se le quitó la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel, lo que representa un impacto equivalente a casi el 5 por ciento de los ingresos anuales del sector”, concluyó el organismo patronal.
Ajuste en la navegación aérea y el efecto en los viajeros
En el sector aerocomercial, las modificaciones a la miscelánea fiscal prevén elevar del 9 al 10 por ciento el cobro por los servicios de navegación aérea aplicable a los grupos aeroportuarios privados y a las líneas aéreas. Los analistas prevén que este incremento se traduzca de manera inevitable en un encarecimiento generalizado para los usuarios finales que adquieren boletos de avión.
Para respaldar esta decisión, la Secretaría de Hacienda argumentó que las tarifas nacionales se mantienen entre las más económicas de América Latina, siendo imperativo corregir dicho desfase financiero para asegurar el mantenimiento adecuado de las instalaciones aeronáuticas.
“Las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, previstas en el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, han permanecido durante un periodo prolongado sin una actualización sustancial, pese a que los costos de operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura se han incrementado de manera constante. Esta falta de actualización ha generado una reducción progresiva de las capacidades del sistema de navegación aérea nacional”, argumenta la dependencia federal.
Pese a que el gobierno federal defiende que estos recursos permitirán robustecer la seguridad y operatividad de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), la estrategia ha generado controversia debido a que el presupuesto asignado a esta entidad prevé una disminución del 73 por ciento en sus fondos públicos para el año entrante.
A esta contracción presupuestal se le adjunta una crisis de recursos humanos caracterizada por un faltante superior a los 500 controladores aéreos certificados. Dicha carencia de personal, aunada a la alta saturación operativa en las terminales aéreas más concurridas del país, eleva considerablemente la presión laboral sobre los especialistas técnicos en activo, complicando el panorama para la aviación civil mexicana.
