Hacienda congela patrimonio de Guadalupe Taddei y de decenas de empresas ligadas a contratos del órgano electoral
En un movimiento sin precedentes dentro de la fiscalización de recursos públicos en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento masivo de activos bancarios que involucra a 25 personas físicas y 15 corporativos. Dicha medida cautelar se deriva del hallazgo de transacciones monetarias consideradas de alto riesgo, las cuales ya son objeto de indagatorias exhaustivas por parte de las instancias de procuración de justicia. Entre los nombres que figuran en esta investigación se encuentra el de Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó la titularidad del Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló mediante un comunicado oficial que, tras culminar las evaluaciones detalladas de los movimientos monetarios de los involucrados, se procedió a integrarlos formalmente en el registro de cuentas inmovilizadas. Asimismo, la dependencia federal confirmó que interpuso una querella formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades penales que correspondan a cada uno de los actores señalados.
Alcance preventivo de las medidas financieras
Las autoridades hacendarias subrayaron que esta acción de carácter restrictivo constituye estrictamente una medida precautoria y de índole administrativa, por lo que aclararon que no prejuzga ni dictamina una culpabilidad anticipada sobre los implicados, grupo en el que también estaría enlistada la exconsejera presidenta, quien optó por separarse de su cargo en el organismo autónomo en medio de cuestionamientos públicos sobre la asignación de convenios comerciales.
De igual manera, el organismo dependiente de Hacienda recordó que todos los afectados disponen plenamente de los recursos legales y las instancias de defensa contempladas en el marco jurídico nacional, garantizando en todo momento la audiencia procesal, el apego estricto al debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia. La UIF reiteró su compromiso de mantener de forma permanente las acciones de fiscalización orientadas a inhibir operaciones con capitales de dudosa procedencia, colaborando estrechamente con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
Hallazgos y revisiones históricas en el gasto del organismo autónomo
Este golpe financiero a la red de proveedores ocurre paralelamente a las revelaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó anomalías de proporciones inéditas en la administración del presupuesto asignado al órgano electoral a lo largo de los últimos años. Las revisiones fiscales actuales abarcan tanto al aparato central como a los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLEs.
Las alarmas se encendieron tras múltiples reportes ciudadanos e informes internos que señalaban probables conflictos de interés en los procesos de licitación pública y adjudicación de servicios. Un ejemplo documentado involucra al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cuyas compañías obtuvieron convenios con diversos entes electorales estatales y cuya cercanía con círculos familiares de la exfuncionaria ha sido objeto de escrutinio público y periodístico.
Tras el análisis de la información requerida a los gobiernos estatales y dependencias federales, la Auditoría Superior advirtió sobre la existencia de irregularidades históricas recurrentes en el manejo del presupuesto público destinado a los procesos democráticos, lo que ha motivado una revisión profunda que se extenderá sobre las prácticas de contratación aplicadas en el pasado reciente del instituto.
