Gobierno federal promulga nueva normativa para impulsar transacciones electrónicas y limitar gradualmente el uso de dinero físico

Gobierno federal promulga nueva normativa para impulsar transacciones electrónicas y limitar gradualmente el uso de dinero físico

La administración federal ha dado un paso definitivo hacia la modernización del sistema financiero nacional. La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, formalizó este miércoles la promulgación de una novedosa legislación orientada a masificar las operaciones virtuales, marcando el inicio del proceso para que diversas actividades comerciales dejen de aceptar billetes y monedas.

Los detalles de la nueva normativa digital

La denominada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos quedó oficialmente establecida en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Este marco jurídico determina que herramientas como las tarjetas bancarias de débito y crédito, las transferencias electrónicas y la innovadora plataforma de cobro mediante códigos QR conocida como CoDi pasarán a ser los únicos instrumentos válidos en áreas económicas clave.

Para cumplir con este propósito, la Secretaría de Hacienda cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles —contados desde la entrada en vigor de la norma este 5 de noviembre— para definir públicamente cuáles serán los rubros obligados a adoptar esta modalidad.

Sectores prioritarios y plazos de adaptación

Aunque las autoridades federales aún no han liberado la lista definitiva de los ramos comerciales seleccionados, la mandataria mexicana había adelantado con anterioridad su firme intención de digitalizar los pagos en gasolineras y casetas de peaje como primera fase de este ambicioso proyecto.

Una vez que se den a conocer las actividades económicas prioritarias, las instituciones regulatorias correspondientes dispondrán de otro lapso de 15 días hábiles para fijar los lineamientos operativos, requisitos y obligaciones pertinentes. Asimismo, se encargarán de diseñar los calendarios específicos para asegurar que la supresión del dinero físico ocurra de manera progresiva, contemplando excepciones exclusivas para situaciones de emergencia o contingencias.

Por su parte, la Asociación de Bancos de México señaló recientemente que la administración federal tiene la intención de establecer plazos razonables ajustados a las características de cada industria, garantizando así que la transformación comercial transcurra sin tropiezos ni afectaciones severas a la economía cotidiana.

El gran desafío: una economía dominada por el efectivo

La apuesta central de la administración actual consiste en revertir la alta dependencia del numerario en un territorio donde el uso de papel moneda sigue imperando en las transacciones comerciales diarias. Estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el 85% de la población paga más frecuentemente con billetes y monedas al realizar compras menores a MXN$500, mientras que el 73% de los habitantes prefiere el efectivo para adquirir productos o servicios por encima de ese umbral monetario.

Frente a este panorama, analistas económicos de Banamex advirtieron en un reporte reciente que el éxito de esta iniciativa dependerá fundamentalmente de superar las barreras estructurales existentes. Entre los retos principales destacan la necesidad de estrechar la brecha entre la inclusión financiera formal y la utilización diaria de estos recursos, especialmente dentro del sector de los micronegocios, el mercado laboral informal y aquellas zonas del país con menor infraestructura tecnológica.

Trámites gubernamentales e inclusión

Además de transformar las transacciones comerciales entre particulares, la legislación contempla que las diversas dependencias del Estado acepten exclusivamente medios electrónicos para el pago de trámites y servicios públicos. Como medida complementaria para facilitar el acceso al sistema, la normativa estipula que la Clave Única de Registro de Población en formato digital sea reconocida plenamente como documento oficial de identificación para la contratación de productos bancarios y financieros.

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