Gobierno posterga un mes la implementación de los fondos de asistencia laboral para el sector privado
La administración del presidente Javier Milei decidió aplazar por un mes la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta creada en el marco de la Ley de Modernización Laboral cuyo propósito central es reactivar la contratación formal en el mercado argentino, un sector que arrastra una década de estancamiento económico.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 1228/2026, difundido este martes a través del Boletín Oficial. Con esta resolución, el Poder Ejecutivo trasladó el inicio de la vigencia del sistema hasta el 1 de diciembre, fecha que se sitúa justo un mes después del calendario previsto originalmente.
Detalles de la nueva prórroga y ajustes normativos
Esta modificación representa la segunda postergación oficial para el flamante esquema, el cual habilita a las compañías del sector privado a acumular recursos previsibles mediante contribuciones periódicas para cubrir eventuales indemnizaciones al finalizar las relaciones de trabajo.
Dado que la fecha inicial contemplaba el 1 de junio, este nuevo aplazamiento respeta todavía el límite máximo de seis meses que facultaba la legislación vigente. Adicionalmente, la normativa introduce una modificación sustancial al extender de seis a doce meses el período mínimo obligatorio durante el cual cada empleador debe efectuar sus aportes antes de tener la facultad de utilizar los recursos acumulados en el fondo.
El aplazamiento responde a una solicitud formal presentada por la Comisión Nacional de Valores, respaldada por las cámaras que nuclean a los Fondos Comunes de Inversión, los fideicomisos y los distintos agentes bursátiles del país.
Modificaciones centrales introducidas por el decreto
- Nueva fecha de inicio: El régimen comenzará a operar formalmente el 1 de diciembre de 2026.
- Plazo de carencia extendido: El requisito de aportes pasa de 6 a 12 períodos mensuales consecutivos.
- Cómputo inicial: El plazo se contabilizará desde el mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre el primer depósito patronal.
- Propósito operativo: Otorgar un margen adecuado para adaptar la infraestructura informática, los procedimientos y la administración de los activos.
Motivaciones detrás del aplazamiento
De acuerdo con los argumentos expuestos en los considerandos de la normativa, las instituciones que operan en el mercado de capitales requirieron un tiempo suplementario para garantizar la correcta integración operativa de la plataforma. La administración nacional justificó la medida aludiendo a la alta complejidad técnica del sistema y a la necesidad de consolidar un patrimonio inicial robusto que garantice la cobertura de las futuras obligaciones laborales.
Asimismo, la administración central argumenta que esta flexibilización temporal pretende blindar la liquidez, la solvencia y la estabilidad financiera del esquema en su fase inaugural, sin alterar los lineamientos fundamentales propuestos por la ley.
Contexto del mercado laboral y las cuentas fiscales
La postergación de los fondos FAL se anuncia en un escenario complejo para el empleo registrado. Informes oficiales recientes reflejan que el trabajo asalariado privado formal experimentó una contracción durante 14 meses consecutivos hasta julio, mes en el que se destruyeron 12.716 puestos (lo que representa un retroceso mensual del 0,2%) y se acumuló una caída anual de 134.034 empleos, equivalente al 2,2%.
Pese a este panorama, la prórroga podría otorgarle un respiro temporal a la gestión de las cuentas públicas. Aunque el Sector Público Nacional registró un superávit primario acumulado de 1,2% del PBI a septiembre —ubicándose a tan solo 0,2 puntos porcentuales de la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, diversos analistas económicos advierten sobre los desafíos que impone la desaceleración de la actividad y la merma en la recaudación real.
El funcionamiento de los FAL implica una reasignación de los recursos patronales. Con la entrada en vigor del sistema, las contribuciones empresariales —fijadas en un 1% para las grandes compañías y un 2,5% para las MiPyMEs— dejarán de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ARCA, para depositarse en una cuenta comitente individual gestionada por cada empleador. Cálculos preliminares elaborados previamente por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimaron que el costo fiscal directo anual derivado de esta transición se ubicará en un rango de 0,37 a 0,46 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
