Gobierno nacional evalúa quitar el tope del treinta por ciento a fondos de pensiones en mercados internacionales
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por la cartera de Miguel Gómez Martínez, puso a disposición de la ciudadanía y del sector financiero un nuevo proyecto de decreto. La iniciativa busca transformar radicalmente las reglas del juego para la administración de los recursos del ahorro pensional obligatorio, planteando la eliminación total del límite global del 30% establecido para la adquisición de activos en el extranjero.
De aprobarse esta propuesta, se procedería a derogar la normativa que se implementó durante la gestión del expresidente Gustavo Petro. Con este giro en la política económica, la administración actual pretende que las decisiones financieras que toman las administradoras se centren exclusivamente en conseguir la mejor relación entre rentabilidad y riesgo, restándole relevancia a la ubicación geográfica de los instrumentos financieros.
Flexibilidad para optimizar el ahorro pensional
Desde la perspectiva de la cartera ministerial, esta modificación normativa garantiza que el manejo de los fondos administrados por las AFP continúe alineándose estrictamente con los pilares fundamentales que salvaguardan el sistema: seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación. El objetivo principal es dotar de mayor adaptabilidad a los gestores de capital, evitando que las restricciones geográficas limiten el rendimiento a largo plazo de los afiliados.
El documento oficial advierte que las limitaciones impuestas previamente a través del Decreto 369 de 2026 podrían incidir de forma negativa en la composición del riesgo y el retorno de los portafolios colectivos. Por esta razón, el Ejecutivo considera indispensable revisar las alternativas disponibles para maximizar los beneficios de los trabajadores cotizantes y asegurar la estabilidad financiera del régimen.
Modificaciones al marco normativo vigente
La propuesta oficial contempla modificaciones directas sobre el Decreto 2555 de 2010. Con estos cambios, el Gobierno pretende que las entidades fiduciarias mantengan estrategias robustas y diversificadas fuera de las fronteras nacionales, priorizando siempre la protección del ahorro pensional y la sostenibilidad a futuro de todo el esquema de seguridad social.
Para fundamentar esta decisión, las autoridades económicas llevaron a cabo un análisis detallado sobre el desempeño y las rentabilidades históricas de los portafolios. Dicho estudio concluyó que fijar un tope rígido a la exposición internacional deteriora la eficiencia global, incrementando innecesariamente la exposición al peligro financiero y reduciendo las ganancias esperadas para los ciudadanos inscritos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
