Renovación del pacto y postura oficial
La administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum concretó la ampliación por seis meses adicionales del pacto concertado con el sector gasolinero privado, una estrategia orientada a contener el impacto de la carestía y proteger el poder adquisitivo de los hogares en todo el territorio nacional.
A través de sus canales digitales de comunicación, la titular del Ejecutivo federal detalló la formalización de este entendimiento:
“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, puntualizó la mandataria.
Límites tarifarios y costos reales
Las directrices anunciadas por la Secretaría de Energía establecen que el combustible de tipo regular mantendrá un tope de venta por debajo de 24 pesos por litro, en tanto que el diésel fijará su referencia comercial en una tarifa inferior a 27 pesos por litro durante el periodo que comprende esta prórroga.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, enfatizó ante la militancia partidista que la política económica ha amortiguado las presiones inflacionarias externas generadas por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente, distanciando a la economía mexicana de las sacudidas sufridas por otras naciones.
Las proyecciones financieras de la dependencia federal indican que, prescindiendo de los estímulos fiscales vigentes, el valor comercial de la gasolina regular ascendería a 27.20 pesos por litro, lo que representa una brecha de 13.3 por ciento respecto al tope pactado. En el caso del diésel, el costo sin subsidios alcanzaría los 30.07 pesos por litro, superando por 11.4 por ciento el límite acordado con los empresarios.
Para lograr la contención en los precios finales de 24 y 27 pesos, los expendedores privados asumen un ajuste directo en sus márgenes de utilidad de 1.61 y 0.36 pesos por litro respectivamente, complementando el esfuerzo fiscal que realiza el Estado mexicano.
Impacto fiscal y perspectivas del sector energético
La implementación de los apoyos tributarios ha generado repercusiones directas en las percepciones gubernamentales. Durante el periodo de enero a julio, la recaudación proveniente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a combustibles totalizó 246 mil 871 millones de pesos, reflejando un retroceso anual de 2.1 por ciento en términos reales.
Incluso, los ingresos tributarios por este gravamen cayeron a 26 mil 982 millones de pesos al cierre de julio, marcando el registro más reducido desde marzo del año previo. Mauricio Jesús González Puente, analista del sector energético, explicó que este modelo operativo funciona de manera tripartita, donde la disminución temporal del tributo y los márgenes empresariales amortiguan la volatilidad internacional de los hidrocarburos.
Finalmente, el especialista adelantó que el Gobierno federal ha puesto sobre la mesa la intención de impulsar, durante los próximos meses, la transición hacia el cobro exclusivamente digital en las estaciones de servicio del país, suprimiendo de manera paulatina el uso de dinero en efectivo.
