Gobernador de Nuevo León rechaza vínculos con bufete familiar investigado por la fiscalía federal

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se deslindó públicamente de las operaciones de GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho que pertenece a su padre y a su medio hermano. La aclaración surge luego de que trascendiera que dicha firma recibió más de 15 millones de pesos por parte de la empresa Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., la cual actualmente se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a probables actividades de lavado de dinero.

A través de un video difundido en sus canales oficiales, el mandatario estatal rechazó de forma categórica haber emitido facturas o prestado servicios a la compañía mencionada, al tiempo que defendió la legalidad de las actividades realizadas por el negocio familiar en el pasado.

“Portada número doscientos de El Norte: Samuel factura servicios a petrofacturera. Mentira, niego categóricamente”, afirmó el gobernador al cuestionar los señalamientos periodísticos recientes.

García insistió en que él no tiene nada que ver con esa firma y detalló que, tras indagar sobre el caso, le notificaron que los honorarios correspondían a un asunto tramitado cinco años atrás, el cual se fundamentó debidamente en la Ley de Ingresos de la Federación.

Aclara origen de los contratos y estímulos fiscales

Durante su pronunciamiento, el titular del Ejecutivo estatal explicó que consultó los pormenores de la contratación tras la difusión de los reportes en los medios de comunicación. Según la información obtenida, el servicio proporcionado por el bufete jurídico estaba vinculado a la aplicación de estímulos fiscales previstos en la normatividad federal vigente.

“Es un servicio de hace cinco años, se dio conforme la Ley de Ingresos de la Federación”, puntualizó.

Asimismo, el funcionario puntualizó que la legislación mencionada contempla diversos beneficios para los contribuyentes, abarcando disposiciones específicas para el sector del transporte, expendios de gasolina y mecanismos legales para acreditar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Entiendo que es un servicio que va en ese sentido, conforme a la ley, y que además ya en tribunales fue resuelto y soportado legalmente”, complementó.

El gobernador también puntualizó que el trabajo no se pactó de manera directa con el empresario Jesús Ricardo Puente Díaz, quien funge como accionista y apoderado de la compañía investigada, sino que se canalizó a través de un despacho contable intermediario.

“De nuevo, Norte, ya basta”, reclamó García, exigiendo al mismo tiempo que se le otorgue el derecho de réplica cada vez que su nombre aparezca en notas de esta índole.

Los pagos millonarios al despacho de la familia García

Documentación oficial e información fiscal recabada en el marco de las indagatorias señalan que GMA Firma Jurídica y Fiscal emitió un total de ocho comprobantes fiscales digitales a favor de Maquiladora de Lubricantes. Las transacciones se registraron en un lapso comprendido entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022.

Los registros contables amparan percepciones bajo el concepto de honorarios profesionales que suman exactamente 15 millones 59 mil 957 pesos. Dichos comprobantes fiscales se mantienen vigentes dentro de los sistemas de revisión analizados por las autoridades ministeriales.

Durante el periodo que abarca de 2021 a 2026, la comercializadora de energéticos figuró como uno de los principales socios comerciales del bufete, colocándose como la sexta fuente de mayores ingresos según las auditorías a la facturación.

El expediente judicial contra Maquiladora de Lubricantes

La persona moral mencionada es el foco central de una indagatoria federal por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados directamente con un esquema de blanqueo de capitales originados por el robo y tráfico de hidrocarburos.

Las autoridades federales identifican a Jesús Ricardo Puente Díaz como operador clave de estas operaciones ilícitas. El empresario fue detenido el pasado 28 de mayo de 2026 en territorio neoleonés y posteriormente fue sujeto a un auto de vinculación a proceso penal por lavado de activos.

Las pesquisas ministeriales se integran en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, mientras que el proceso judicial se desahoga bajo la causa penal 123/2026 en el Centro de Justicia Penal Federal radicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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