La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó que posee elementos probatorios sólidos para sostener la imputación en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, a quien se le atribuye la dirección y el control operativo de la compañía Ingemar, corporación señalada de articular una compleja red de tráfico ilegal de energéticos en el territorio nacional.
Avances en las indagatorias de la FEMDO
Mediante un comunicado oficial emitido recientemente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detalló que el entramado ilícito operaba mediante el uso estratégico de ferrotanques para transportar combustible, empleando la fachada institucional de Ingemar, una empresa formalmente dedicada a faenas portuarias, dragados y administración de infraestructura náutica.
Las autoridades ministeriales detectaron anomalías severas en el comportamiento financiero de la entidad mercantil, las cuales contrastaban drásticamente con sus declaraciones fiscales habituales al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, situación que encendió las alertas de las instancias de fiscalización y procuración de justicia.
Declaraciones y dimensiones del fraude fiscal
Durante las diligencias ministeriales, el propio Ernesto ‘N’ admitió ser poseedor del 49 por ciento de las acciones de Ingemar. Asimismo, las pesquisas ministeriales señalan que el imputado tenía pleno conocimiento, al menos desde el año 2024, de las irregularidades en el volumen de carga reportado ante las autoridades aduaneras.
De acuerdo con el expediente, los carrotanques y camiones cisterna, cuyas capacidades oscilaban entre los 30 mil y 112 mil litros, ingresaban al país bajo pedimentos de importación que falseaban las cantidades reales, registrando de manera dolosa un volumen estimado en apenas 10 mil litros por unidad.
Cabe destacar que, tras los operativos federales que derivaron en el histórico decomiso de más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo en 129 carrotanques localizados en Coahuila, el exmandatario estatal rechazó públicamente los señalamientos en julio del año pasado mediante una postura en la que afirmó: “No tenemos relación con este caso de huachicol”.
Sustento pericial y marco legal del proceso
La institución procuradora de justicia enfatizó que la carpeta de investigación se encuentra robustecida con diversos dictámenes periciales, entrevistas a testigos, actuaciones ministeriales y análisis financieros exhaustivos que configuran la probable responsabilidad del exfuncionario.
No obstante el peso de las indagatorias, la dependencia federal recordó que el procedimiento penal se mantiene bajo las estrictas reglas de reserva contempladas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de garantizar en todo momento el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 constitucional, por lo que Ernesto ‘N’ conserva su estatus jurídico de inocencia hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.
Detención, esquema de operación y estatus judicial actual
La aprehensión del exgobernador panista se concretó el pasado 16 de julio, quedando sujeto a proceso penal bajo los graves cargos de delincuencia organizada y contrabando de energéticos, ilícitos comúnmente catalogados dentro del fenómeno delictivo del huachicol fiscal.
Las indagatorias ministeriales apuntan a que, a través de Ingemar, el exmandatario instrumentó una estrategia de simulación fiscal en las aduanas nacionales, coordinando directamente a los operadores encargados de consumar el ilícito con la finalidad de evadir impuestos y comercializar combustible estadounidense no declarado en el mercado nacional.
Tras permanecer recluido inicialmente en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, la situación jurídica del imputado experimentó un cambio relevante cuando un juez determinó modificar la medida cautelar, permitiendo que Ernesto ‘N’ abandonara dicho centro penitenciario para continuar el desarrollo de su proceso legal bajo resguardo domiciliario en su residencia ubicada en Ensenada.
