Desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, Rómulo Garza, exfuncionario estatal, asegura enfrentar un encierro arbitrario impulsado por la administración actual de Tamaulipas. Privado de su libertad desde el 17 de enero de 2025, el excolaborador del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca sostiene que su proceso responde a una consigna política tras negarse a ceder ante presiones económicas y fabricar acusaciones contra terceros.
Un arresto precedido por presuntas extorsiones
De acuerdo con el testimonio recabado durante una visita al centro penitenciario, las tensiones legales comenzaron en la campaña de 2024, periodo en el que recibió advertencias sobre una carpeta de investigación en su contra. Según su relato, se le exigió el pago de 1.5 millones de pesos para evitar que el expediente fuera judicializado. Al manifestar la imposibilidad de cubrir dicha suma tras haber perdido su patrimonio en incidentes previos, el proceso penal avanzó.
La base legal utilizada por la Fiscalía Anticorrupción y el gobierno encabezado por Américo Villarreal para encarcelarlo radica en la adquisición de despensas mediante adjudicación directa durante la contingencia sanitaria. Sin embargo, la defensa y los antecedentes legales apuntan a que dichas compras se realizaron conforme a la normativa vigente. Específicamente, el artículo 65 fracción IX de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas prevé este mecanismo para productos alimenticios básicos por fuerza mayor, un lineamiento respaldado además por los decretos federales emitidos para agilizar la atención de la pandemia y mitigar contagios.
Condiciones de reclusión y presiones para inculpar a terceros
Durante su estancia en el penal, el exfuncionario ha permanecido en condiciones severas, en un espacio reducido que carece de comodidades básicas y donde las altas temperaturas agravan el encierro. A pesar de ello, enfatiza que se le han planteado alternativas para obtener su libertad bajo una condición específica: firmar declaraciones incriminatorias contra el exgobernador García Cabeza de Vaca.
Ante este escenario, el afectado declaró: “Hoy la vida me vuelve a poner ante un intercambio, mi libertad a cambio de acusar a Cabeza de Vaca. No lo voy hacer porque quieren que mienta. Le haría lo mismo que ellos me están haciendo a mí, y eso no va con mis valores”.
Irregularidades en el proceso judicial y falta de pruebas
El día de su detención, ocurrida en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el exsecretario fue trasladado a Tamaulipas para enfrentar la audiencia inicial. Durante el proceso, la defensa ha señalado inconsistencias en la valoración jurídica de los contratos, argumentando que no existen elementos probatorios que acrediten delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos o daño patrimonial al Estado.
En total, la administración requirió la compra de 2 millones 660 mil despensas por un monto de 650 millones de pesos, un procedimiento que se apegó a los estudios de mercado y a los contratos establecidos. No obstante, la apertura de múltiples carpetas de investigación por los mismos hechos evidencia, según los críticos del caso, una actuación discrecional por parte de las autoridades locales.
El caso continúa generando cuestionamientos sobre el uso de las instituciones de procuración de justicia en el estado, mientras el exservidor público cumple meses de reclusión a la espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa.
