A casi doce años de la tragedia que conmocionó a México, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantienen firme su exigencia de justicia y verdad. En un nuevo esfuerzo por destrabar los procesos legales, padres y madres de los jóvenes solicitaron formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los amparos pendientes y revise a fondo los expedientes judiciales vinculados con el caso ocurrido en septiembre de 2014.
La batalla legal por los expedientes castrenses
Durante una reunión sostenida con integrantes del máximo tribunal, la representación legal de los afectados planteó la urgencia de dar cumplimiento a una sentencia emitida en 2026, la cual deriva de un amparo promovido tres años antes. Dicho fallo judicial ordena la puesta a disposición de aproximadamente 833 documentos en poder de las fuerzas armadas.
No obstante, el proceso se encuentra entrampado debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interpuso recursos de inconformidad para frenar la entrega de la información. Ante este panorama, los litigantes y los familiares buscan que la Suprema Corte intervenga como un contrapeso efectivo que permita superar los obstáculos burocráticos y militares que han retrasado las investigaciones.
El abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que este acercamiento con funcionarios del máximo tribunal constituye apenas el primer paso de una nueva estrategia jurídica. Asimismo, adelantó que buscarán concretar reuniones adicionales con actores clave del poder judicial, como la ministra Yasmín Esquivel, para garantizar que los compromisos institucionales se traduzcan en acciones reales.
“Esperemos realmente que pueda cumplirse, que no solamente sean compromisos o promesas”, manifestó el litigante, al reiterar la desconfianza acumulada tras años de promesas gubernamentales incumplidas.
El papel del ejército y la exigencia de la verdad histórica
Otro de los ejes centrales planteados ante la SCJN fue la necesidad de retomar los efectos de la resolución judicial de 2018, la cual derrumbó la denominada “verdad histórica” al comprobarse que múltiples declaraciones de detenidos fueron obtenidas mediante actos de tortura y prácticas ilícitas. Para los defensores de los normalistas, este criterio debe permear en todos los recursos pendientes para evitar que se sustenten sentencias en pruebas fabricadas.
Por su parte, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, enfatizó que la línea de investigación que involucra a la institución castrense sigue completamente abierta y activa, a pesar de los intentos institucionales por minimizar su presunta responsabilidad.
Las familias exponen la urgencia de que se liberen 853 folios e informes de inteligencia militar que podrían contener indicios cruciales sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 y el destino final de los jóvenes.
“La línea del Ejército sigue vigente, el centro regional de inteligencia militar y es pieza clave para llegar a la verdad, para poder encontrar la justicia”, demandó la madre de familia durante sus posicionamientos públicos.
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— Quadratín México (@QuadratinMexico) September 25, 2026
Asimismo, los familiares confrontaron la versión oficial previa que negaba la existencia del centro regional de inteligencia militar, señalando que las familias aportaron pruebas documentales elaboradas por expertos independientes que demuestran lo contrario.
A pocos meses de cumplirse doce años de impunidad, los padres y madres de los estudiantes recalcaron que no cesarán en su movilización nacional ni en sus demandas legales hasta esclarecer los hechos y conocer el paradero exacto de sus hijos.
