La Presidencia de la República ha puesto en marcha una intensa campaña de comunicación digital para desviar la atención del escándalo Taddei en el INE, salpicar culpas a otros consejeros electorales del pasado y proteger a los corruptos del régimen.
Hoy se habla del Clan Taddei como una cadena de empresas, desvíos, contratos y dineros que la señora Guadalupe y sus allegados se repartieron indiscriminadamente.
Hay colusión y encubrimiento de los responsables del órgano de control interno y de los directivos del instituto.
Sabemos que la señora Taddei cruzó por Sonora a Estados Unidos vía terrestre, con la ayuda y protección del gobernador Alfonso Durazo.
La principal interrogante a la Fiscalía y la presidenta es si girarán órdenes de aprehensión en contra de los responsables, porque llevamos 3 semanas de los primeros videos difundidos, y hasta ahora, nada.
Mucha palabrería, mucho esfuerzo por salpicar a los de antes —típico recurso pueril de la 4T cuando resulta incapaz de explicar su tiradero—, pero ni las cuentas les congelaron a tiempo, por lo que muy probablemente les dieron un margen de acción para trasladar sus recursos.
A las y los diputados de Morena se les giró la instrucción el pasado lunes por la noche, de difundir mensajes vía redes con cuatro ejes de comunicación: Taddei no es Morena, viene de antes; el responsable es Lorenzo Córdova, que la instaló en la OPLE de Sonora —falso de toda falsedad— y que el propio Córdova se veía beneficiado con algunos contratos.
Incluso se habla de que tenían metas numéricas con la campaña: impactos en redes, para cerrar la semana con cerca de 9 millones de visualizaciones. Una brutal operación de manipulación y desvío de la atención.
Una auténtica cortina de humo para encubrir a la principal operadora morenista en el INE: su consejera presidenta.
Resulta vergonzoso que la presidenta Sheinbaum se preste a tamaños embustes, los declare en la mañanera y los defienda como hechos comprobados.
La desesperación por hacer que la culpa recaiga en otros y no en su propio partido ha provocado juntas largas, incluso hasta la noche, entre los “estrategas” de comunicación presidencial. Ellos buscan alternativas para enfrentar la vorágine de descrédito causada por la señora Taddei, su llegada al INE, el inolvidable y ridículo sorteo inventado por Andrés Manuel y el padrino oculto, que aunque está a distancia, es evidente. Alfonso Durazo, ni más ni menos, presidente del Consejo Nacional de Morena.
En paralelo, la presidenta sale una vez más en la defensa de Andy López Beltrán, quien está implementando un esfuerzo desenfrenado por limpiarse la cara. Ahora niega viajes de lujo al extranjero y cualquier vínculo con Amílcar Olán, el amigo cercano a los hermanos López Beltrán que recibió miles de millones en suculentos y redituables contratos con el gobierno federal de su padre.
Andy lo niega todo, es un prócer de la honestidad y es una víctima de campañas en su contra.
Ya basta de la victimización lopezobradorista. Todos se dicen atacados porque en el fondo son buenos, pero la sociedad no ha alcanzado a percibir su convicción de bondad.
¡Patrañas! Para encubrir negocios, contratos, dineros inexplicables en obras, materiales, medicinas y miles de servicios.
Si algo caracteriza a muchos morenistas en oficinas públicas, es la voracidad.
Ojalá y la señora Raquel Buenrostro, al frente de la Secretaría Anticorrupción, pueda de fondo detectar los múltiples negocios y comisiones que, desde los cargos, cobran los funcionarios.
Es tan escandaloso que apareció en días recientes Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado morenista de todas las confianzas presidenciales, a replantear la vieja idea de un combate enérgico a la corrupción desde un órgano especializado.
No es casual que un hombre tan cercano a la presidenta, militante y legislador plantee ahora revivir el concepto de un aparato —con fiscalía y todo— que ataque frontalmente a la corrupción. No sé si la presidenta envía el mensaje para asustar a algunos y detener su desenfrenada voracidad, o porque realmente piensa instalar el mecanismo aprobado desde 2016 en el gobierno de Peña, que nunca lo puso en funciones.
Pero lo cierto es que todas las semanas aparecen escándalos de corrupción en las administraciones estatales y, por supuesto, en la federal. La Auditoría Superior de la Federación quedó como pretendía AMLO, disminuida a una contaduría a la que nadie le hace caso.
