Estima Moody’s que Pemex requerirá rescates fiscales anuales por 10 mil millones de dólares
La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantendrá en una posición de alta dependencia presupuestal frente al Estado mexicano, requiriendo inyecciones constantes de recursos públicos para cumplir con sus compromisos financieros más urgentes durante el mediano plazo, de acuerdo con las proyecciones emitidas por la agencia calificadora internacional Moody’s Ratings.
Durante su participación en el foro especializado Moody’s Inside LatAm México 2026, Roxana Muñoz, vicepresidente senior de calificaciones de la institución financiera, advirtió que la empresa productiva del Estado necesitará transferencias directas del Gobierno Federal por al menos 10 mil millones de dólares anuales a lo largo de los próximos cinco años.
Un apoyo financiero que podría prolongarse
La especialista puntualizó que esta cifra millonaria representa únicamente la base de sustentación que la compañía requerirá para cubrir sus amortizaciones y obligaciones crediticias programadas, advirtiendo que el monto final podría incrementarse de manera sensible si persisten los desequilibrios operativos al interior de la empresa.
“En promedio esperamos al menos 10 mil millones de transferencia cada año. Y hablo de cinco años, pero si no cambia nada en la parte operativa, esto podría extenderse a más años”, señaló de forma textual la analista durante el evento del sector financiero.
De cumplirse estas proyecciones elaboradas por los especialistas, el acumulado de los rescates fiscales otorgados por la federación superaría los 50 mil millones de dólares en el horizonte temporal mencionado, presionando de manera directa las finanzas públicas del país.
Retos operativos y el rol de la banca de desarrollo
La necesidad imperativa de contar con el respaldo financiero del Estado se sustenta en los rezagos históricos que arrastra la empresa en áreas estratégicas fundamentales. Entre los principales obstáculos enumerados por la calificadora destacan los problemas persistentes en los niveles de extracción de crudo, la baja restitución de reservas probadas, las deficiencias en el sistema nacional de refinación y la limitada capacidad para generar efectivo de manera orgánica.
Ante este panorama de estrechez liquidez, surge la incógnita sobre la participación de la banca de desarrollo para aliviar las presiones financieras de corto plazo. Al respecto, Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), indicó en fechas recientes que la institución mantiene la solidez y los instrumentos necesarios para estructurar un nuevo vehículo financiero de apoyo, aunque aclaró que hasta el momento la administración de la petrolera no ha emitido ninguna solicitud formal en ese sentido.
“Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No nos ha notificado aún Pemex ni vemos un problema de proveedores de corto plazo para asumir que viene un programa grande como el del año pasado”, afirmó el directivo bancario.
La evolución de la deuda financiera hacia 2030
A pesar de la fuerte dependencia de los subsidios gubernamentales, los modelos analíticos de Moody’s proyectan un escenario de desendeudamiento gradual para la petrolera al cierre de la década. La estimación sugiere que la deuda financiera total podría experimentar un retroceso cercano al 45 por ciento si se compara el saldo reportado al cierre de 2019 con las previsiones calculadas para 2030.
Los registros contables indican que la compañía cerró el ejercicio de 2019 con un pasivo financiero acumulado de 105 mil 235 millones de dólares. Bajo la hipótesis de que la empresa destine recursos constantes para liquidar sus vencimientos programados sin recurrir a esquemas agresivos de refinanciamiento, este saldo podría descender hasta situarse en el entorno de los 57 mil millones de dólares hacia el año 2030.
“Si asumimos que Pemex año con año paga los vencimientos, a 2030 podríamos llegar a estos 57 mil millones de dólares de deuda”, puntualizó Muñoz, lo que representaría una contracción nominal cercana a los 48 mil 235 millones de dólares, equivalente a un 45.8 por ciento menos frente al nivel inicial.
Traslado de riesgos hacia el erario público
Aun con esta potencial reducción en sus obligaciones directas, la calificadora hizo hincapié en que un endeudamiento de 57 mil millones de dólares continuará siendo un volumen sumamente elevado para la viabilidad financiera de la empresa.
Asimismo, los expertos advirtieron que la disminución de los pasivos corporativos no elimina de forma automática el riesgo sistémico para la macroeconomía nacional. Al respecto, Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, enfatizó que el factor determinante para la evaluación crediticia del país será vigilar si la petrolera logra sanear sus finanzas mediante la generación de ingresos propios o si el saneamiento se logra exclusivamente a través de transferencias fiscales sostenidas.
De prevalecer la segunda alternativa, el alivio en el balance de la empresa productiva del Estado se traducirá de manera directa en una mayor carga fiscal y riesgo crediticio para el Gobierno Federal, trasladando el peso financiero estructural de la petrolera hacia las cuentas soberanas de la nación.
