Desde 2015 el salario mínimo en México ha aumentado en alrededor de 182%. Creo que fue un acierto haber logrado aumentos de esa magnitud y así lo sostuve desde 2018 cuando comenzaron de forma importante sus incrementos. Me parecía que había espacio para hacerlo debido a que dicho salario se había desplomado en términos reales las tres décadas previas, a que solamente un 3% de los trabajadores lo percibía, y a que había indicios de estructuras monopsónicas en el mercado laboral que representaban un fallo de mercado y justificaban una intervención de política pública.
Estas opiniones me causaron un sinnúmero de críticas de quienes pensaban que esas alzas acarrearían fuertes aumentos en la inflación o en la tasa de desempleo. Nada de ello ocurrió. Quienes hacían tales aseveraciones pensaban en un modelo de competencia perfecta en que imponer un precio mínimo resulta en una disminución de las cantidades. Sin embargo, cuando existen fallas de mercado (como era el caso del mercado laboral mexicano) hay oportunidad de aumentar el salario mínimo logrando un equilibrio más eficiente sin que ello resulte en mayor inflación o desempleo. Investigaciones empíricas en ese sentido le merecieron, en buena medida, el premio Nobel a David Card.
Pienso, sin embargo, que hoy la situación es distinta. El salario mínimo equivale a 77% del salario medio en México. Esto implica que los aumentos al salario mínimo ahora impactan a una buena parte de los trabajadores, presionando los costos de las empresas. Por ello, los efectos benignos de los aumentos anteriores, cuando el piso alcanzaba a pocos trabajadores, no necesariamente se repetirán, y el margen que daba el poder monopsónico se reduce conforme el piso se acerca al salario medio.
A esto se suman otros factores que están elevando los costos laborales. Por un lado, la acertada reforma de pensiones de 2020 contempla un incremento gradual de las aportaciones a las cuentas individuales de las Afores, del 6.5% al 15%, cuyo peso recae fundamentalmente en las empresas. Por otro lado, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas representa una presión adicional sobre los patrones. La combinación de estos factores puede estar desincentivando la permanencia de las pequeñas y medianas empresas en la formalidad.
Por cierto, estando de acuerdo con el espíritu de la reducción de la jornada laboral, me parece que sería mejor introducir un esquema de contratación por hora, brindando mayor flexibilidad al mercado laboral y permitiendo que muchas mujeres se incorporen a la fuerza laboral al tener la posibilidad por ejemplo de trabajar medias jornadas para poder dedicar tiempo al cuidado de los hijos.
En los dos últimos años el número de empleadores formales registrados en el IMSS ha disminuido en 10% y si bien algunas de estas empresas habrán salido del mercado, es muy factible que muchas hayan pasado a la informalidad. Esto sería congruente con un costo laboral que ha crecido más rápido de lo que las empresas más pequeñas pueden absorber. Las empresas informales son mucho menos productivas, y en general no tienen acceso al crédito, lo cual les dificulta crecer. Una economía con más empresas chicas e informales será una economía que crecerá menos.
Creo que a estos niveles, si se sigue aumentando el salario mínimo a niveles similares a los de años pasados (en 2026 el aumento fue de 13.5%), se corre el riesgo de aumentar el número de empresas informales, de reducir el empleo formal y de crear presiones inflacionarias.
Por lo anterior, me parece que hacia delante se deben moderar sustancialmente estas alzas, para evitar que mayores niveles de desempleo minen el hasta ahora exitoso proceso de reducción de la pobreza.
¿Quiere decir esto que se debe renunciar a que los trabajadores tengan mayores salarios? Desde luego que no. Pero estamos, me parece, en un punto en el que los mayores salarios deberán provenir de aumentos en la productividad. Para ello es necesario aumentar la digitalización de la economía (en este sentido la nueva Ley de pagos digitales es un muy buen paso en la dirección correcta), reducir la informalidad e intentar reducir la incertidumbre jurídica para que aumente la inversión. Moderar los aumentos no es dar marcha atrás en lo logrado, sino cuidar que las ganancias de estos años no se erosionen.
