Empresas estadounidenses acusan fiscalización hostil del SAT ante el Congreso de su país y exigen diálogo
El clima de negocios para la inversión extranjera en territorio mexicano enfrenta nuevos roces luego de que el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés) decidiera llevar formalmente ante el poder legislativo de su nación una serie de quejas relacionadas con las prácticas recaudatorias aplicadas por las autoridades tributarias mexicanas.
De acuerdo con la organización, que aglutina a aproximadamente 300 corporaciones de gran calado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus revisiones mediante mecanismos considerados excesivos, afectando la planeación financiera y operativa de las compañías extranjeras instaladas en el mercado nacional.
Señalamientos por auditorías severas y rechazo de deducciones
El conglomerado empresarial estadounidense detalló que las fricciones principales se concentran en la ejecución de auditorías catalogadas como severas, la imposición de presiones indebidas a los contribuyentes corporativos y la anulación de carácter retroactivo de deducciones consideradas legítimas dentro de los marcos contables previos.
Estas acciones han generado un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas del país vecino, quienes advierten que la falta de previsibilidad en la aplicación de las normativas fiscales podría desincentivar la permanencia y expansión de nuevos capitales en sectores estratégicos vinculados con las cadenas de valor de América del Norte.
La postura de la American Society of Mexico
Ante este panorama de tensiones regulatorias, la American Society of Mexico (AmSoc) intervino para solicitar un acercamiento de carácter directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El propósito central de esta iniciativa es establecer un canal de comunicación permanente que permita canalizar y resolver las inquietudes expresadas por la iniciativa privada estadounidense.
Larry Rubin, presidente de la AmSoc, enfatizó la importancia de mantener un equilibrio entre las obligaciones fiscales y la estabilidad institucional del país.
“Nuestro objetivo es que cualquier inquietud pueda canalizarse por las vías institucionales correspondientes, fortaleciendo simultáneamente el cumplimiento de la ley, la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en México”, destacó el dirigente empresarial.
Asimismo, la agrupación remarcó que el apego irrestricto a la legalidad por parte de las corporaciones norteamericanas es completamente compatible con la exigencia de contar con normativas transparentes, procesos anticipados y mecanismos eficientes para la resolución de controversias fiscales.
Llamado a la conciliación y no a la confrontación
El líder de la AmSoc desestimó cualquier intento de interpretar estas reclamaciones como un rechazo a la soberanía fiscal de México, aclarando que el propósito fundamental radica en la búsqueda de soluciones a través del entendimiento mutuo y el respeto al marco legal vigente.
“No se trata de confrontar a las autoridades fiscales ni de cuestionar las obligaciones que corresponden a cada empresa. Se trata de procurar que cualquier diferencia pueda ser atendida mediante la legalidad, el diálogo y la certeza jurídica”, puntualizó Rubin, al tiempo que calificó la coyuntura actual como un periodo de relevancia crítica para la economía regional.
Preocupación en el sector agroalimentario bilateral
Las tensiones en materia fiscal coinciden con otras llamadas de atención emitidas recientemente por organizaciones empresariales respecto al comportamiento del intercambio comercial bilateral. Días atrás, la propia AmSoc manifestó su inquietud ante una contracción del 7.1 por ciento registrada en las exportaciones agroalimentarias nacionales hacia el mercado estadounidense durante el primer semestre del año.
Frente a este escenario de contracción comercial y desacuerdos tributarios, los representantes del sector privado insistieron en la urgencia de blindar los corredores logísticos y comerciales que comparten ambas naciones, advirtiendo que este tipo de indicadores negativos representan señales de alerta que no deben ser ignoradas por los gobiernos de los dos países.
