El sector empresarial mexicano ha encendido las alarmas ante el contenido del Paquete Económico 2027 presentado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversas organizaciones y especialistas advierten que las modificaciones tributarias propuestas podrían asestar un golpe severo a la competitividad, por lo que ya preparan una intensa estrategia de cabildeo legislativo para buscar modificaciones sustanciales antes de su aprobación definitiva.
Preocupaciones clave en el esquema de deducciones y cargas tributarias
Uno de los puntos que genera mayor inquietud entre los contribuyentes es el establecimiento de un tope de 96.67% en el control de deducciones. Según explicó Víctor Manuel Barajas, especialista en materia fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), esta restricción carece de la sensibilidad necesaria para diferenciar entre gastos debidamente justificados y aquellos que no lo están.
Para las micro y pequeñas empresas, este límite podría disparar la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta un 66.5%. En sectores altamente competidos como la manufactura, el comercio al por menor y la distribución, la carga impositiva podría rebasar por completo las utilidades reales de los negocios, convirtiendo la operación en un escenario financieramente insostenible.
Al respecto, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, puntualizó en entrevista con este medio: "Si tuviéramos una inversión boyante que amortigüe -los efectos de estas medidas fiscales-, estaremos optimistas", al referirse al impacto directo que estas normativas tendrán sobre la llegada de nuevos capitales al país.
Presión al flujo de efectivo y dudas sobre la seguridad jurídica
Además del control a las deducciones, el análisis del IMEF —institución que monitorea de cerca el proyecto diseñado por Edgar Amador— señala otros dos factores de riesgo crítico para las corporaciones. El primero consiste en las presiones severas sobre la liquidez y el capital de trabajo de las compañías, generadas por los cambios en el ajuste del coeficiente de utilidad que adelantan el cobro del ISR.
El segundo factor está ligado directamente con la seguridad jurídica de los contribuyentes. Medidas como la obligación legal de conservar registros documentales durante un periodo de 20 años, sumadas a las asimetrías regulatorias en el tratamiento fiscal aplicable a los pagos efectuados al extranjero, generan un clima de incertidumbre jurídica que desalienta la planeación a largo plazo.
Desde la perspectiva de Herrera, el proyecto presupuestario carece de los incentivos indispensables para detonar la inversión privada, un ingrediente que considera fundamental no solo para estimular la expansión del Producto Interno Bruto (PIB), sino también para garantizar que el Estado logre recaudar los ingresos proyectados sin asfixiar la economía.
Estrategia legislativa y un panorama complejo en el Congreso
Ante este panorama, la iniciativa privada llevará una propuesta detallada a las cámaras legislativas con el objetivo de que los diputados y senadores introduzcan ajustes específicos. Entre las peticiones prioritarias destacan la creación de excepciones sectoriales para el límite de deducciones, la implementación de mecanismos más expeditos para la compensación o devolución de saldos a favor del ISR, y la vinculación de los recargos fiscales a un referente de mercado como la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) acompañada de un margen prudente y un tope máximo acumulable.
Pese a la urgencia con la que los empresarios planean defender sus posturas, los analistas reconocen que el margen de maniobra político en el Poder Legislativo es sumamente reducido, debido a la amplia mayoría con la que cuenta el partido gobernante y sus fuerzas aliadas.
"Lo que sí es que el sector privado está sumamente preocupado por esta situación, porque en un momento donde requerimos más inversión, estas medidas impulsan una falta de inversión adicional, porque no va a haber rentabilidad", enfatizó Herrera al describir el ánimo prevaleciente en el empresariado.
Por su parte, Barajas coincidió en que el escenario político actual ofrece poco espacio para la negociación, aunque recordó que en los últimos años se han logrado abrir canales de diálogo para reconsiderar ciertas propuestas. Con todo, reconoció que el gobierno también enfrenta restricciones financieras severas: "La IP tiene la labor de concientizar las afectaciones que algunas de las propuestas tendrán en el sector empresarial", concluyó, admitiendo al mismo tiempo que la administración federal requiere captar recursos para cumplir con sus compromisos presupuestales.
